Electorado sin opciones

Si alguien cree que la gestión de un diputado o alcalde, dura tres años –como dice la ley-, viene a partir del próximo mes de octubre una cascada de reacomodos políticos para enfrentar la posibilidad de perder o repetir en algún cargo público distinto. Esta aspiración reduce en varios meses el periodo que le corresponde al servidor público para intentar proyectarse a otro cargo.

Las precampañas se desatan en unos días más afectando principalmente la eficiencia del gobierno para atender los problemas sociales, y la gestión se reduce en los hechos a menos de 2 años reales.

El gobierno del PRI en el Estado cercará de todas las formas posibles el avance del PAN y tratará de interrumpir cualquier viso de crecimiento de una tercera opción, a menos que esa tercera o cuarta fuerza pueda negociar prebendas para derrotar al adversario.

Por ello es riesgoso para ciudadanos con buena voluntad confiar en el PRD, cuando este partido, al no tener garantía de crecimiento menos de triunfo electoral, pueda ser utilizado por algunos de sus líderes, como bisagra para inclinar la balanza hacia uno de los dos polos de poder en el Estado, que también se les vincula a grupos contrarios que disputan la plaza para el narcotráfico.

Pero más aberrante es oponerse al PRI de Bours, inclinándose por el PAN cuando sus principales figuras tienen mala reputación y se les vincula también con grupos oscuros que han crecido al amparo del poder público (Padrés, Figueroa).

Lo más viable sería preferir una opción que representara el interés golpeado de la amplia mayoría de la población que demanda trabajo, ingresos, seguridad, servicios públicos, tener o conservar vivienda, detener el narcotráfico, justicia, igualdad.

Pero esto sería mucho pedir al poder establecido, fincado en ambiciones o reservaciones para permitir el abuso y el beneficio solo personal.

La reforma electoral aprobada el pasado 23 de mayo por la legislatura local, no prevé detener el excesivo gasto electoral al no establecer los controles de financiamiento privado de donde pueden aparecer recursos cuantiosos de dudosa procedencia.

Por ejemplo la campaña de Eduardo Bours en 2003 rebasó con creces el tope electoral al gastar los 200 millones de pesos. O la campaña para ganar el gobierno de Cajeme en 2006 que llevó a gastar los 20 millones de pesos. De nueva cuenta existe la amplia tolerancia para que el dinero se imponga sobre el perfil de gobierno en la próxima campaña electoral.

La elección se convierte en un juego perverso en el cual todo está arreglado para mantener el poder, por que de su ejercicio depende el crecimiento de grandes empresas privilegiadas que licitan o son proveedores del gobierno y de funcionarios públicos que se enriquecen a costa del manejo presupuestario.

Este juego malicioso está fraguado en la manipulación de la buena fe de la población y en corromper a los medios de comunicación y a sus voceros con pagos de dinero para que adulen a los que mejor oferta hagan, utilizando ilegalmente los recursos públicos destinados a comunicar de la obra y la labor de gobierno a la población para inclinar la opinión a favor de los gobernantes que van por otros cargos.

Todo el ejercicio gubernamental se reduce a encaminar el gasto social y la manipulación de recursos públicos para perpetuar al mismo partido que gobierna acentuándose esto mientras más se acerca la fecha electoral.

Este esquema político es sucio y desleal, y golpea el deseo ciudadano de un cambio que busque el desarrollo y el progreso de la amplia mayoría y no el privilegio y acaparamiento de unos cuantos.