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De entre los nidos de la corrupción, cuyo factor común es “poderoso caballero don dinero”, la de los poderes judiciales sería motivo suficiente para echar mano de los artículos 39 y 136 de nuestra Constitución.
En ellos se establece que, cuando el poder público, que dimana de la soberanía del pueblo, no se ejerce en beneficio de éste, el pueblo puede alterar o modificar la forma de su gobierno.
Y que cuando los gobernantes establezcan un gobierno contrario a los principios constitucionales, el pueblo tiene derecho a recobrar su libertad para deshacerse de los malos gobernantes que han interrumpido la observancia de la ley fundamental de toda la Unión.
Ministerios públicos que dependen de los gobernadores (a pesar de la ratificación del Senado) y del presidente de la cada vez menos república; jueces, magistrados y ministros federales de los estados y del Distrito Federal están sumergidos en una corrupción (con sobornos en dinero o influencias políticas) que impide mínima imparcialidad e imposibilita que interpreten republicana y democráticamente la Constitución, sus leyes reglamentarias y demás disposiciones que integran el orden jurídico del Estado como tal.
Los mexicanos estamos sujetos a la arbitrariedad judicial, empezando por la policía (y ahora también los soldados en las calles), sin que los tribunales administren justicia, porque sirven sólo al mejor postor.
Todos los sectores sociales necesitan un defensor de sus derechos. Trabajadores, campesinos, empleados, indígenas, niños, mujeres, etcétera, requieren específicamente un defensor.
Asimismo, los periodistas tienen urgencia de un defensor.
Como trabajadores de los medios de comunicación no tienen recursos económicos para contratar abogados.
Muchas veces son abandonados por sus editores y quedan a merced de las consignas, por dinero, de jueces y magistrados, que imponen sentencias siempre condenatorias. Y no hay manera de apelar, porque el resto de las instancias se pliegan a los sobornos.
Así que no hay más salida que instituir un órgano colegiado con un comisionado nacional para la defensa de los derechos del periodista.
Establecer un defensor en cada entidad, no necesariamente abogado, pero sí periodista, que atienda los problemas municipales en coordinación con el comisionado nacional, para emitir las recomendaciones contra quienes vulneren la libertad de prensa. Los radicados en los estados serían delegados del comisionado nacional, para atender las defensas en esos territorios, para las recomendaciones con integración nacional.
El defensor del periodista, pues, como un órgano colegiado descentralizado nacional, concurriría a defender violaciones a los derechos del trabajador del periodismo. Hoy están los periodistas totalmente desamparados y víctimas de los poderes judiciales y maniobras para el acoso que conlleve inquisiciones administrativas y judiciales para evitar que ejerzan a plenitud sus derechos.
Los dos regímenes panistas no han cumplido con sus obligaciones. Y en la misma Procuraduría General de la República, donde existe una fiscalía para la defensa de los periodistas, con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, se han coludido para pisotear la Constitución en esa materia.
Publicado en: Contralínea
