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El problema capital de todos los servidores públicos –con facultades judiciales para conocer de las demandas contra el ejercicio de la libertad de prensa de todos los mexicanos y, en especial, de quienes hacen del periodismo su trabajo– es que interpretan antidemocrática y antirrepublicanamente los fines o contenidos de la Constitución y sus leyes reglamentarias.
También, por los intereses creados (sobornos, instrucciones “superiores” y desprecio a esas libertades) favorecen a quienes se escudan, mañosa y tramposamente, en los desdibujados conceptos de la vida privada, la moral y hasta la paz pública, para violar impunemente “la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”, con resoluciones judiciales que imponen censura e inquisiciones administrativas y judiciales.
No obstante actuar en la vida pública, funcionarios de los poderes del Estado, empresarios, banqueros, comerciantes y figuras de la iniciativa privada, en cuanto son objeto de la información y crítica, de inmediato se presentan como actores privados, víctimas de ataques a la moral y demás parapetos para demandar a los trabajadores del periodismo.
Es el caso de la revista Proceso –que a pesar de su información veraz, análisis y crítica sustentados en hechos– está en la mira de demandas judiciales en los tribunales donde, debe insistirse, sus jueces, magistrados y hasta ministros hacen una interpretación contra las libertades de prensa.
No se ha resuelto el ataque de la esposa de Fox (la misma que murió políticamente en la intentona de querer agandallarse la candidatura presidencial y que hasta Espino impidió) por la publicación en Proceso del reportaje que incluía la petición de Sahagún para la anulación de su matrimonio religioso. Ésta, hecha por medio de un documento –destinado al conocimiento de un órgano eclesiástico– que nunca se estableció como privado y que la firmante repartió a varias personas, algunas de las cuales lo habrían filtrado.
Proceso fue absuelto de la publicación y, no obstante dejar sin materia la litis, el juez de la causa civil sancionó a la reportera Olga Wornat. Mart(h)a, que con su esposo odia las libertades de prensa, interpuso un amparo que se espera confirme, con o sin la intervención de la Suprema Corte, que Proceso está exonerado o que Mart(h)a se salga con la suya.
Ahora, el gobernador de Colima, Cavazos Cevallos, montó en cólera contra la información veraz y contrastada, titulada “Colima: todos están en el narco” (Proceso, 1 marzo de 2009).
Pasando por alto el domicilio legal del semanario, que indica la competencia judicial federal para cualquier inquisición judicial, el servidor público echó mano de su Ministerio Público de jurisdicción colimense para demandar a Proceso.
Hizo de una denuncia, con un desdoblamiento de personalidad, dos acusaciones, lo que habla de su mal asesoramiento jurídico.
Mientras se deslindan las competencias, está en marcha otro ataque contra las libertades de prensa y contra Proceso, para cuestionarlo penalmente por exhibir, con hechos, la narcopolítica en Colima.
El reportaje exprimió la pus de ese problema, provocando la ira de un gobernador que se puso el saco, en lugar de averiguar cómo en Colima (como en Sonora) narcotraficantes y servidores públicos se benefician de la narcopolítica. Por lo pronto, Mart(h)a Sahagún y Cavazos Cevallos están dispuestos a imponerle inquisiciones judiciales a Proceso para establecer censuras a las libertades de prensa por acoso judicial
