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El ambiente político se calienta en México y parece estar a punto de ebullición, luego del operativo “sui generis” el pasado miércoles en Michoacán; en el que las fuerzas públicas federales y el ejército hicieran una redada en el Palacio de Gobierno, la que terminó con la captura de funcionarios de primer orden de esa administración perredista.
La advertencia en ese operativo parece ser directa del PAN hacia el PRI. Habla de la opción que tiene el gobierno federal, no obstante la soberanía de los estados, de irrumpir, aun sin tener pruebas y menos aún sin presentarlas, en las entidades federativas, bajo el argumento del “combate frontal contra el crimen organizado”.
No se descarta en ningún momento que las sospechas que llevaron a la detención y posterior arraigo de 28 funcionarios, ex funcionarios y 10 alcaldes en funciones de esa entidad, sean verdades conocidas por todos en el estado y en el gobierno federal.
La cuestión aquí es la duda que queda entre la población mexicana, espectadora de este escandaloso espectáculo.
La pregunta en el aire es ¿en qué va a acabar toda esta maraña de acusaciones, detenciones y arraigo de funcionarios, además de señalamiento de otros, en la que comienzan a insertarse todos los partidos políticos?
La respuesta pudiera ser aquella que el tiempo respondió en otros momentos electorales de nuestro país. Terminará en la ventilación de información valiosa para saber por quienes estamos gobernados; y para fincar responsabilidades directas en contra de altos funcionarios.
Pero como la realidad de este contexto político que hoy vivimos en México, no cambia en esencia al de otros tiempos en la historia reciente del país, la actual guerra entre partidos, podemos suponer, quedará en un listado, puesto a la luz pública, de nombres de funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico.
Sin que esto devenga en un proceso judicial ni mucho menos, en el inicio de un proceso de desmembramiento de la cadena de delincuencia organizada que opera impunemente en nuestro país, “gracias” a la corrupción de las autoridades de todos los partidos y de todos los niveles.
Además de que en este caos estarán revueltos asimismo los ya acostumbrados chivos expiatorios. Y a final de cuentas, no caerá ningún pez gordo dirigente de algún cártel; ni tampoco caerá ningún funcionario de alto nivel, como pudiera ser el propio presidente de la República.
En estos momentos las acusaciones de nexos con el narcotráfico han sido incluso en contra del jefe del ejecutivo federal, Felipe Calderón, a quien la fracción del PRD en el Congreso ha señala como beneficiario directo del dinero del chino nacionalizado mexicano Zhen Li Ye Gon, traficante y hacedor de drogas sintéticas en nuestro país.
Del que se dice, encubó y protegió el gobierno del panista Vicente Fox; y en 2006 financió la campaña presidencial del michoacano Calderón Hinojosa.
Así lo han denunciado los perredistas, pero a manera de pronunciamiento político en la tribuna de las cámaras de Senadores y Diputados, en diferentes ocasiones, sin llegar más allá de la guerra verbal entre los actores de la política.
En tanto, presidentes de la República mencionados ya por supuestos lazos con el crimen organizado son el prisita Carlos Salinas de Gortari y los panistas Vicente Fox y el actual mandatario federal, Felipe Calderón.
Del PRD se has mencionado ya al ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal y la actual gobernadora, Amalia García; además de que ahora está en entredicho la calidad moral de Leonel Godoy, mandatario de Michoacán que fue sorprendido por las fuerzas públicas federales, en operativo en que se detuvieron a sus cercanos colaboradores.
Lo lastimoso para la ciudadanía de toda esta guerra entre fuerzas políticas es que a final de cuentas, el peso de la ley no caerá sobre nadie, y que no existe interés ni voluntad real para combatir al crimen organizado, a pesar de que ha vulnerado a la sociedad de todos los estratos económicos en México.
La conclusión de esta guerra electoral, pasados los comicios, además del recuento de las bajas y heridos de cada bando en la contienda; será el paso hacia un nuevo acuerdo político, después del reacomodo que darán a cada partido los resultados electorales.
El partido que llevará la batuta será el que obtenga los mayores espacios en cargos públicos; no obstante que la votación sea pobre, pues aún con pocos votos, los espacios para los nuevos funcionarios públicos serán repartidos. Y entonces, el problema del narcotráfico volverá a quedar en el olvido.
