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Supuestamente las campañas sucias están prohibidas. Pero ésta ha sido quizá la campaña electoral más sucia de la que se tenga memoria.
La prohibición formal contra las campañas sucias, que incluso se subió al artículo 41 de la Constitución para que no fuera considerada violatoria al derecho constitucional a la libertad de expresión, sólo ha significado que haya una campaña muy correcta en anuncios que el IFE coloca en los medios de comunicación y otra completamente diferente, llena no sólo de críticas sino de burlas y calumnias, en Internet, correos electrónicos, medios impresos, declaraciones de políticos o acciones gubernamentales.
Todos los participantes cuestionan las campañas sucias de los demás, pero ninguno retira las propias. Germán Martínez Cázares, presidente nacional del PAN, fue el primero en lanzar la piedra, pero junto con otros miembros de su partido se quejó después cuando las respuestas se dirigieron al propio Presidente de la República. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ha entrado a la defensa y ha dicho que él será el encargado de defender al Presidente.
Pero nadie, ni siquiera el Presidente, podrá estar exento de los ataques. Martínez Cázares acusó al PRI de estar coludido con el narco por no haber aprobado en el Congreso una serie de reformas penales. Sin embargo, cuando el Congreso las aprobó, el Presidente simplemente las dejó sobre su escritorio.
La semana pasada, en consecuencia, el PRI dio a conocer un video en el que le pregunta al Presidente si realmente está interesado en la lucha contra el narco o si al dejar de publicar estas reformas está trabajando para los narcotraficantes.
Los ataques de palabras al final resultan puras palabras. Mucho más inquieta el hecho de que el Presidente y la PGR hayan tomado la decisión de detener sin orden de aprehensión a 10 presidentes municipales, 17 funcionarios estatales y un juez de Michoacán.
Entre los presidentes municipales detenidos hay miembros de los tres principales partidos políticos del país, pero la PGR decidió no informar de antemano al gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, a pesar de que poco antes había obtenido la colaboración del gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, en una actuación similar. “Claramente la PGR no me tiene confianza”, dijo el gobernador michoacano Godoy en una entrevista.
Si hubiera alguna razón para ello, la decisión sería lógica. Pero la propia PGR ha señalado que no duda de la honorabilidad de Godoy y ciertamente no ha presentado ningún cargo en su contra.
Las acusaciones presentadas contra los presidentes municipales y funcionarios parecen muy débiles. A pesar de que la PGR ha señalado que la investigación empezó seis meses atrás, las detenciones no fueron seguidas por consignaciones sino por arraigos. Las únicas pruebas parecen ser una hoja impresa de computadora, que cualquiera pudo hacer, con una lista de nombres y cantidades, y testimonios de oídas de testigos protegidos.
Con pruebas como éstas, cualquiera de nosotros puede ser acusado de cualquier delito en cualquier momento. Y esto es de temer. Si las detenciones son políticas, esto sería lo más sucio de un año de campañas sucias.
