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No. Esta vez no. Que no intenten engañarnos de nuevo. Y que no apuesten al olvido, porque se van a arrepentir. Nunca más el bloque de cemento sobre Lomas Taurinas, el asfalto sobre Aguas Blancas o la amnesia infame sobre Acteal. Y es que el de la guardería de Hermosillo es el crimen más horrendo de que este país tenga memoria. Punto.
No es posible describir ese infierno. La cabeza se niega a imaginar lo que esos pequeños padecieron. Y en ningún corazón cabe tanto dolor para asimilar el sufrimiento de los calcinados por la voracidad del fuego, de los asfixiados por la crueldad del humo y el calvario que están padeciendo los sobrevivientes. Todos ellos absolutamente inocentes. Pero todos condenados por la avaricia, el abuso y la negligencia criminales de las camarillas que gobiernan este país. Los mismos que nunca han tenido llenadero.
Tiene razón Granados Chapa: no hay adjetivos que valgan para describir lo que se ha dado en llamar tragedia. Basta entonces con el sustantivo: es un crimen.
Por eso pedimos justicia. Porque no se trata, como se nos quiere hacer creer, de un accidente. Sino de una suma de perversidades, también criminales, que denigran a la especie humana. Tan vergonzantes como las secuelas de la infamia hechas declaraciones ofensivas a la razón y al sentimiento. Encima de todo, la burla al sentido común.
Dice el secretario Gómez Mont que no hay que politizar la tragedia. Para qué, si ya está politizada. ¿O no son una vil maniobra política las subrogaciones de guarderías del gobierno federal panista para toda la parentela del gobernador priísta de Sonora? No, señor secretario, aquí de lo que se trata es de un crimen de lesa humanidad. Y si la política está deshumanizada ese es problema de quienes la ejercen.
Esto no es un litigio comercial. Esto es un reclamo absolutamente legítimo por el respeto a los derechos humanos elementales de los mexicanos que menos tienen y que son asesinados por los poderosos. Los mismos que ya tramitaron un amparo contra cualquier acto de la PGR. Farsantes. Porque saben bien que no hay ni la más remota intención de enjuiciarlos.
Dice el gobernador Bours que se llegará al fondo pero que “no se fabricarán culpables”. No es necesario. Unos se sientan a su mesa. Los otros despachan en el IMSS.
Dice el presidente Calderón que en su gobierno se aplicará la ley. Ojalá. Por el bien de todos. Empezando por él mismo. Porque, de no ser así, su gobierno quedará manchado y marcado para siempre con el crimen del sexenio.
Por lo pronto, no nos queda más que la presión social ante las aberraciones jurídicas. Como el hecho de que los procuradores de justicia federal y estatal son empleados del Presidente y el gobernador. Un absurdo que evidencia la necesidad urgente de una reforma del Estado que acabe con esas hipocresías institucionales.
Alienta también la movilización social en Hermosillo en demanda de justicia, no sólo para los padres y hermanos, sino para una sociedad agraviada y mancillada por quienes con su ambición y arrogancia han matado a sus niños. |
