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Lydia Cacho
Tenemos buenas noticias: por fin la subprocuraduría de delincuencia organizada y la procuraduría del Distrito Federal arrestaron a tres responsables de tráfico de menores, vinculados a Casitas de Sur. Pero eso no asegura nada.
En 2005 los medios evidenciamos una red de traficantes de menores comandada por la secta Los perfectos. Leidy Campos, su representante legal desde la Procuraduría de Cancún, llevaba a niños y niñas maltratados a La Casita, luego les entregaban a familias pertenecientes a la secta. Hubo testimonios de adopción ilegal a bebés en Canadá.
El 5 de agosto del 2005 Leidy Campos fue encarcelada por sustracción de menores; aún no estaban tipificados los delitos de Trata y Tráfico de menores que ahora las leyes locales y federales persiguen.
Miembros de la secta comandada por Jorge Erderly defendieron a Campos y amenazaron a las madres que denunciaron y a periodistas. Las familias que perdieron a sus criaturas celebraron el encarcelamiento. En agosto del 2007 Leidy fue liberada; el Juez Benjamín Navarrete aseguró que había una mala integración del expediente.
Pero en el juzgado hubo corrupción, la madre de unos pequeños encerrados en La Casita, Maria Luisa Pacheco, es analfabeta y en el juzgado le pidieron su huella digital para darle la custodia de sus niños; nadie le leyó que en la entrega de la custodia estaba la liberación los cargos contra Campos.
Las niñas y niños desaparecidos no fueron rescatados, el procurador de Quintana a Roo no hizo el menor esfuerzo. La Interpol buscó a Patricia Seoane, directora del albergue, pero ni rastro de las menores.
Ni la Segob ni el entonces subprocurador Santiago Vasconcelos escucharon. Se les advirtió que esta era una red internacional de tráfico y trata de menores.
La Subprocuradora de Delincuencia Organizada Marisela Morales anunció cuatro años después que esta es una red internacional de traficantes de menores.
Debemos celebrar la detención y que las leyes sobre trata y tráfico ya son aplicables.
Faltará que las ONG supervisen que los expedientes estén consignados adecuadamente; pero sobre todo que esas niñas y niños robados vuelvan a su patria, que todos los niños y niñas de México sepan que tienen derecho a una vida digna y a ser protegidos por el Estado, no vendidos o regalados.
