|
Lo que acabamos de presenciar en el Congreso en torno a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el año próximo no es más que un indicador, pero muy significativo, de lo que es la esencia de la política aquí o en cualquier otro lugar y tiempo. Y si el espectáculo resultó grotesco de principio a fin y su resultado altamente insatisfactorio para el ciudadano común, ello se debió a que la naturaleza misma de la política mexicana es igualmente grotesca, insatisfactoria, corrupta y abiertamente sesgada en favor de las minorías privilegiadas.
Una vez más resultó evidente que para quienes tienen el control de las estructuras de poder en México lo más importante -lo único importante- es el corto plazo y la ganancia personal o, cuando más, la del pequeño grupo con el cual libran la dura lucha por el acceso a los puestos públicos y el manejo de los dineros gubernamentales. A
hora, además, en la manufactura de la política fiscal también son importantes los premios o castigos que puedan dar los grupos de interés y de presión a aquellos legisladores que actúen o se resistan a sus demandas.
El punto de partida
En el contexto mexicano actual, y para entender lo descarnado de la política fiscal, se tiene que empezar por el hecho de que una parte de la sociedad -minoritaria pero significativa- sigue sin reconocer la legitimidad de aquellos que tienen a su cargo la iniciativa para la elaboración del esquema de recaudación de impuestos.
El origen de ese rechazo a la estructura de autoridad fue la forma en que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del 2006, que no correspondió ni a la letra ni al espíritu de una competencia electoral leal. El tiempo ha pasado pero la parte agraviada sigue sin aceptar el resultado de la elección, de ahí la dureza de su oposición al paquete fiscal que se presentó al Congreso.
Otro elemento determinante para explicar lo que acaba de ocurrir en las Cámaras legislativas es que el fisco mexicano es particularmente débil. Si se descuentan los recursos petroleros, los impuestos apenas si llegan a representar el 10 por ciento del PIB, proporción muy baja en el contexto mundial.
Es por eso que desde fines de los 1970 un recurso natural estratégico y no renovable, el petróleo, se ha estado empleando de la peor forma posible: para financiar el gasto corriente. Sin embargo, la baja producción y precios del petróleo han llevado a que éste ya no aporte lo que antes.
La incapacidad del fisco para hacer frente a sus obligaciones -le faltan alrededor de 300 mil millones de pesos anuales- también se debe a los desastrosos efectos en la economía mexicana de la gran crisis mundial que estalló en el 2008. Y esos efectos -una caída del PIB del 7 por ciento este año- han sido tan duros por varias razones, entre ellas la decisión de Carlos Salinas de Gortari de unir a México a un solo mercado internacional: al estadounidense.
Cuando en 2008 la economía norteamericana se vino a pique, la mexicana, ya muy dañada, le siguió pero magnificando el desastre por su debilidad intrínseca y por el mal manejo de un gobierno que la creyó "blindada" (?).
Justicia
El decidir quién paga o deja de pagar qué impuestos depende de la relación de fuerzas dentro del sistema político.
Hoy el control del gobierno federal por el PAN, el predominio del PRI en los gobiernos estatales que cada vez absorben más recursos fiscales (el 38 por ciento) y el control del PAN y el PRI del Congreso hacen que esos dos partidos, que desde hace tiempo representan los intereses de los grupos económicamente poderosos, hayan decidido hacer recaer el peso de un aumento de impuestos en las clases y grupos política y económicamente más débiles: en la enorme mayoría.
Igualdad para los desiguales y algo más
El gobierno propuso y consiguió después de algunos forcejeos que el PAN y el PRI aceptaran un aumento en el IVA -un impuesto inequitativo porque lo pagan igual los desiguales pero relativamente fácil de cobrar y administrar-, un aumento en el ISR y algunos más. Pero lo realmente importante fue que, sorpresivamente, en medio del debate, Felipe Calderón aceptó públicamente lo que desde hace tiempo había ya señalado Andrés Manuel López Obrador (AMLO): que cuatro centenares de grandes conglomerados pagan poco o nada de ISR, haciendo uso de una legalidad injusta, puesto que sólo puede ser usada por el gran empresario y no por contribuyente común: aglutinar las ganancias de unas de sus empresas con las pérdidas de otras para salir "tablas" y, además, diferir por años el pago de impuestos hasta lograr, en algunos casos, su condonación.
Calderón no dio nombres pero AMLO sí, usando datos de la BMV: Cemex, Carso, Televisa, Maseca, Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, Inbursa, Kimberly Clark, Bimbo, Walmart, FEMSA, etcétera.
Calderón hizo la denuncia de la falta de solidaridad de los muy ricos, pero hasta ahí se quedó, pues no propuso remedio alguno, él que puede y debe hacerlo.
Por otro lado, se siguieron acentuando los privilegios al proponer los legisladores que a aquellos que se van a beneficiar de las nuevas concesiones del espectro radioeléctrico -un bien que nos pertenece a todos- no se les cobre nada en un primer momento, con lo cual se les regalan más de 5 mil millones de pesos.
Conclusión
En teoría, el pago de impuestos debe hacerse, en primer lugar, como un deber moral del ciudadano: un acto de solidaridad con la comunidad, donde el que más tiene es el que más contribuye.
Sin embargo, en México ese argumento es imposible de sostener. En primer lugar, por la ineficiencia y corrupción de las autoridades.
En segundo lugar, porque la estructura impositiva misma es, al igual que la distribución del ingreso, un anuncio de -un monumento a- la falta de solidaridad colectiva. Un indicador que nos dice que a 200 años de haberse iniciado el movimiento de Independencia, la esencia de la etapa colonial se mantiene casi intacta, y que México es una estructura de carácter social, político y económico diseñada, en primer lugar, para la explotación de los muchos por los pocos.
