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Este viernes 18 de diciembre la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por 185 países miembros de la ONU, cumplió 30 años.
Las mujeres, no obstante, siguen discriminadas y oprimidas en cuestiones fundamentales como la libertad y los derechos humanos. Son botín de guerra, carecen de ciudadanía completa y viven los escenarios más descarnados de violencia, sometimiento y esclavitud. Su cuerpo está controlado.
En América Latina –la región más desigual del planeta-- según la abogada costarricense Alda Facio, se yergue sobre las mujeres una conspiración conservadora que está dando al traste con los tímidos avances; y lo más grave es que el movimiento feminista adoptó la política de equidad, acríticamente, sin darse cuenta que contravenía lo fundamental de la CEDAW, que fue creada para garantizar la igualdad.
Mientras en nombre de la Convención se ha impulsado a las mujeres, sistemática y crecientemente a los lugares de la política, donde se toman las decisiones, la gran pregunta que hoy se hicieron un puñado de expertas reunidas en Buenos Aires, Argentina, es si ello ha servido para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Para las mexicanas la prueba negativa y tremenda está en el aval que Beatriz Paredes, un ejemplo de mujer “feminista” en el poder, ha convalidado con su silencio que esos derechos estén en la picota y devastados. Paredes quiere ser candidata a la Presidencia y ya no halla la forma de justificarse.
Los 30 años de la CEDAW, un aniversario señero, servirá para examinar qué tanto las sociedades del mundo entero conocen y reconocen a esta convención definida por la brasileña Silvia Pimentel como una Carta Magna de los Derechos Humanos de las mujeres, y si existe en alguna parte voluntad política para acabar con la desigualdad real, cotidiana, definitiva, entre hombres y mujeres.
Para Gladys Acosta, directora para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), promotora entusiasta de la reunión de Buenos Aires, la CEDAW que se propuso, hace 3 décadas, conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, “ese derecho es una deuda pendiente, que ya no tiene moratoria”.
Es evidente para esta funcionaria de Naciones Unidas, que esa igualdad debe cristalizase en hechos, porque la “igualdad es un concepto real y concreto; es un derecho. Y las mujeres del mundo no pueden esperar más”.
La evaluación del mandato de la CEDAW, que en países como México y muchos otros, es ley suprema, pondrá en evidencia que los gobiernos no cumplieron; y con ello el atraso democrático, de justicia y reconocimiento a las mujeres.
En ese examen, los hechos, las cifras, las experiencias de las mujeres van a salir a flote. ¿Quién pretenderá engañarnos? Lo más grave es que muchísimas personas, como ya he escrito, no conocen el contenido y alcances de la Convención, pareciera secretamente guardada por la burocracia de los Institutos de las Mujeres, a tal grado que ha sido difundida con timidez y es defendida por el movimiento feminista sin profundidad. Menudean sus ediciones en todos los idiomas y en miles de carteles o cuadernillos, pero no se le promueve realmente.
Surgió en 1979, cuatro años después de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, fue el resultado de 30 años de trabajo de diagnóstico que hizo la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, impulsada, entre otros países, por México -tremenda paradoja--, y eso significa que la Convención era resultado de evidencias intachables.
Aun cuando México formó parte de esa Comisión, contradictoriamente fue el último país en crear un mecanismo para hacerla efectiva, es decir, nuestro país fue el último en América Latina en crear el Instituto Nacional de las Mujeres y, al mismo tiempo, en 1974, puso en la Constitución la igualdad entre hombres y mujeres. Pero nada más, quedaron y siguen quedando grandes vacíos y lagunas legales, en la práctica se admite la desigualdad y se soslaya con indiferencia la discriminación.
He presenciado cómo funcionarios y funcionarias de todos los niveles y todas las clases, todavía 60 años después del nacimiento de la Carta Universal de los Derechos Humanos, se preguntan si no será excesivo que las mujeres reclamen derechos de jure y de facto, que ya son reconocidos en todas las leyes y en todos los discursos.
Hay quienes todavía piensan que esos reclamos --que Gladys Acota dice que no pueden esperar--, son producto de influencias extranjeras o caprichos de hembras que se han salido de su papel principal: el de madres y esposas.
La esperanza, en todo caso, como dicen las expertas, es que con motivo del 30 aniversario de la CEDAW se pueda concienciar a los gobiernos, hasta ahora, tremendamente contradictorios y muy preocupante que, con frecuencia, sean omisos.
Justo ahora, cuando en México estamos muy preocupados por la seguridad, cuando no cesan los asesinatos de mujeres en todo el territorio, cuando se llenan las bocas de los intelectuales en busca de una izquierda responsable, habría que examinar si han conectado en sus cerebros que eso no puede examinarse, sin considerar que la mitad de la población vive discriminada.
Me pregunto si puede hablarse de democracia echando por tierra la división entre el Estado y la Iglesia, si los diputados y diputadas de 18 entidades del país pueden, sencillamente, echar por tierra el derecho a interrumpir un embarazo, si es de admitirse avanzar en los procesos electorales, cuando se niega la libertad a la mitad de las votantes; si se puede hablar de recuperación económica, cuando la mitad de la fuerza de trabajo es vejada y obligada a jornadas laborales de 18 horas, porque se les obliga, real y simbólicamente a ser las únicas responsables de su prole.
En fin, los Estados estarán examinados y reprobados, como las chicas y los chicos a los que la prueba Pisa los ha descalificado por no saber leer y escribir correctamente. Ahora se entiende por qué no se ha leído y entendido la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que alegremente nuestros gobiernos firmaron y se comprometieron a cumplir.
Esto es, claramente, como diría una amiga querida, una rémora del sistema educativo nacional.
Sara Lovera / Proceso
