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PARA ESTE próximo once de abril, aquellos poseedores o propietarios de alguna línea telefónica celular que no hayan cumplido con el requisito de haber registrado ésta ante la instancia federal, podrían sufrir la pena de quedarse sin “su línea.” A nivel nacional se habla de algo así como cuarenta millones de usuarios los que podrían quedarse mudos a partir de que con esa fecha se estará venciendo el plazo dado por el gobierno federal para que usted, si era “dueño” de una o más líneas, las diera de alta y quedaran así registradas, no sé si ante Cofetel o alguna otra dependencia federal.
Pero no pararía ahí el asunto. Aquí el problema es que, además de que se estará perdiendo la línea, para poder recuperarla, usted tendría que recontratar ante cualquiera de las compañías con quien se haya celebrado el contrato que le permitió a usted convertirse en usufructuario o poseedor de una de las cientas de miles líneas telefónicas comercializadas por Telcel, sólo por citar a las más conocida.
Es decir, usted tendrá que pagar, de nueva cuenta, por una línea de la que ya era usted propietarios o poseedor y por la cual, la compañía y usted hubieron firmado un contrato en la que en ningún momento le dijeron que usted tendría que estar registrado en tal o cual dependencia de gobierno. Hasta aquí todo muy bien.
El problema que usted y yo -- y esos millones de usuarios de celulares en el país—podríamos tener a partir del once de abril, fecha límite para que usted inscriba su línea ante el llamado Renave es que nadie nos dijo que el gobierno federal, en aras, si se quiere, de proteger a la ciudadanía y evitar la proliferación de hechos delictivos haciendo mal uso de los aparatitos, invento del hombre blanco, habría de sacarse de la manga una medida que bien podría servir para los fines que se anuncia y en un descuido, mal pensado que es uno, con un mero afán recaudatorio en el que tanto gana el gobierno como la compañía telefónica que al quedarse usted sin su línea, ocurrirían dos cosas, todas en beneficio de la empresa y naturalmente, del gobierno federal; la primera es que, al perderla, usted tendrá que volver a pagar para recontratarla y la segunda es que, de no hacerlo, sencillamente usted se queda sin su línea y esta queda vacante en beneficio de la firma telefónica; o lo que es lo mismo, lista para volverse a comercializar.
Y es aquí, precisamente en donde surgen las siguientes interrogantes: Premeditadamente, líneas arriba, entrecomille en dos ocasiones cuando hablamos de “ su línea” y de usted, como “dueño”, de una línea telefónica y en otras ocasiones hablamos también de que usted es poseedor de una línea; ojo, de una línea telefónica, no un aparato telefónico, toda vez que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando esta se adquiere por contrato, el aparato va por cuenta de la casa.
El propósito de esta pertinente aclaración, es decir, el de analizar su situación como poseedor, dueño o usufructuario de una de estas líneas es por la sencilla razón de que en el dado caso de que usted no haya registrado su línea, el gobierno federal, a través de la Cofetel, le estará aplicando a usted la ley en forma retroactiva -- porque nadie habló de registrar la línea con la que usted ya tiene cinco o diez años—y contraviniendo, la propia carta Magna en su artículo 14, el que a la letra dice lo siguiente: “ A ninguna ley se dará afecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de SUS PROPIEDADES, POSESIONES o DERECHOS, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas CON ANTERIORIDAD al hecho.” E igualmente, -- como reza el machote de los picapleitos—resulta aplicable el artículo 16, cuando habla de que, “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o POSESIONES, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Va con manzanitas a solicitud del de junto: Para que a usted lo dejen sin línea este once de abril, el gobierno tendría que haberle abierto un juicio o procedimiento. Pero como en ninguno de los casos habrá tal procedimiento, sino prácticamente un acto de gobierno unilateral, a usted y a mi, es probable que solo nos quede el único recurso posible que sería el de buscar la protección de la justicia federal mediante un juicio de amparo. Bueno, eso es lo que dice la ley y aquellos abogados que, como Cristián Hernández, González Astorga y Atalo de la Vega, se las saben de todas, todas y ven que si un océano de posibilidades de salir airoso ante este decreto.
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