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Al pasar 11 meses de la inconcebible muerte de los 49 niños por el incendio de la guardería ABC existe una vacía aplicación de la ley y la justicia.
Por qué
1.- El cinismo e impunidad con la que actuaron los gobernantes y el contubernio con los socios de la guardería ABC y su solapamiento nos demuestra que el Estado y el gobierno actuales no nos pertenecen a la mayoría de los ciudadanos a pesar de la existencia de leyes electorales que juegan al cambio de gobernantes.
2.- El gobierno que se fue en Sonora corrupto y criminal de color rojo se hubiera renovado si no se presentan los hechos del 5 de junio de 2009. El gobierno actual de color azul se niega a reconocer que su instalación se debió a la reprobación general al ex gobernador Bours principal responsable de la impunidad y de su procurador Murrieta ratificado inconcebiblemente por el hoy gobernador Padres.
3.- Por eso no basta culpabilizar o inhabilitar a funcionarios y políticos de la tragedia del 5 de junio, quienes cosa aparte se merecen algunos años de cárcel, se requiere desconocer al sistema político y desaparecer los poderes públicos que nos gobiernan y refundar al Estado. En Sonora debemos empezar por construir un nuevo Estado cuya base de constitución seamos los ciudadanos no una elite corrupta y enquistada en el gobierno, que se beneficia con el presupuesto público, por ejemplo con la subrogación de guarderías y con todas las concesiones y proveedurías de instituciones y empresas del Estado.
4.- Si bien existe una investigación lenta e inconfiable de parte de la fiscalía federal PGR las autoridades de procuración de justicia en el estado deben colaborar en la sustentación de las líneas de investigación y de las pruebas, cosa que agranda la desconfianza por que el titular de la PGJE es el responsable de no iniciar y no sustentar las investigaciones con el gobierno anterior para proteger al ex gobernador y al esquema de poder.
5.- De igual forma de nada servirá si la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya fincado responsabilidades en el ex gobernador Bours y en el ex director del IMSS Molinar Horcasitas si el Senado y la Cámara de Diputados no reglamentan la facultad investigadora y de deslinde que se encuentra en el párrafo segundo del articulo 97 de la Constitución para aplicar el dictamen al fincamiento de correcciones, penas y sanciones. Por lo que exigimos se haga este reglamento en la Ley.
6.- El gobierno estatal no se ganará nuestra confianza mientras no sea un portavoz y un abogado de los reclamos de los padres de familia y de la sociedad sonorense para que se haga justicia, y mientras no contribuya al deslinde de culpas y sustentación de acusaciones algo inviable por permanecer en el cargo Murrieta, uno de los responsables, el gobierno de Padres podrá ser cuestionado por esta razón como un gobierno ilegiitimo a pesar de llegar por el voto de los ciudadanos pero inscrito en este sistema político corrupto y de impunidad.
7.- El movimiento ciudadano por justicia debe constituirse en poder ciudadano hasta el fincamiento de responsabilidades y penas a los funcionarios corruptos y a los socios de la guardería. Y deberá luchar por un nuevo sistema político y de refundación del Estado. La participación e involucramiento de los ciudadanos deberá ser la base del funcionamiento gubernamental, la confección de leyes y la supervisión de los órganos judiciales. Un nuevo Estado que integre entre otras cosas a la asamblea ciudadana, el plebiscito y la revocación de mandato.
