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En 1982 el entonces presidente José López Portillo acuñó la frase “No pago para que me peguen”, refiriéndose a la cancelación de todo convenio de publicidad oficial con la revista Proceso, dirigida por Julio Scherer.
Desafortunadamente casi 30 años después esa “mentalidad” gobierna en muchas de las autoridades.
Pero el tema de la columna de hoy no se trata de publicidad oficial y una de las tantas formas de la censura. Se trata de que todos los días las y los ciudadanos mexicanos pagamos impuestos en cada consumo que realizamos, incluso pagamos impuestos por tener casa, carro y hasta por trabajar y ganar algo de dinero (quienes tenemos esas oportunidades, claro).
Es la relación defectuosa entre el pago de impuestos y la calidad de los servicios públicos que recibimos lo que llama la atención. Salud, educación, seguridad pública, drenaje, pavimentación y agua potable son solamente algunos de los servicios que deben proporcionar los gobiernos en sus distintos niveles, pero que no cumplen como debieran.
Este problema se agrava por nuestra tradicional incapacidad de imponernos como los “clientes” consumidores de servicios y al mismo tiempo, como los “patrones” que elegimos a quienes deben procurar la mayor satisfacción posible de esas necesidades.
Ejemplos hay muchos. Las clases medianamente acomodadas reclaman que pagan educación pública, pero para obtener calidad deben esforzarse en pagar escuelas privadas; pagan seguridad, pero viven en fraccionamientos con seguridad privada; pagan distintos servicios públicos, como Seguridad Social, pero para no morir en el intento de recuperar la salud, también erogan en servicios privados.
Las clases pobres son quienes no tienen opción y, quienes pueden ejercer medianamente sus derechos, enfrentan en la indefensión las deficiencias y abusos de la ausencia o, en el mejor de los casos, se “la juegan” por la mala calidad en los servicios, ocasionadas en su mayoría por erráticas decisiones presupuestales.
Y es importante subrayar que no siempre la mala calidad tiene que ver con los encargados de otorgarlos, como el caso de los médicos, sino en la falta de presupuesto suficiente para dignificar la atención, insumos e instalaciones.
EL CASO DE PUERTO LIBERTAD
Un pueblo de alrededor de tres mil habitantes entre pescadores, comerciantes y empleados de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad no solamente está olvidado de los servicios públicos a los que tienen derecho, sino que enfrenta un reto de gobernabilidad.
Perteneciente al Municipio de Pitiquito, el puerto tiene más de dos meses sin comisario y años de atraso y olvido. Los habitantes se han organizado y dividido entre quienes están inconformes por la indiferencia gubernamental y aquellos que, desde una posición más oficial, buscan otra solución a un conflicto generado por las mismas autoridades municipales al deponer al comisario que la misma población eligió (atendiendo a un compromiso de campaña que el alcalde que no pudo sostener).
Me comentan habitantes que en algún momento la CFE aportó infraestructura educativa y de salud como parte de convenios similares a los de responsabilidad social, pero que el olvido de las autoridades tienen clínica y escuelas en pésimas condiciones.
Qué fácil dejar la responsabilidad a la CFE, quien además paga impuestos al Ayuntamiento pero que no se ven reflejados en la mejora de los servicios públicos del Puerto.
“No tenemos drenaje, el Ayuntamiento dice que ya pusieron el drenaje, pero solamente colocaron un tubo y no funciona”, señaló una habitante que está molesta porque las autoridades simplemente ignoran sus necesidades.
Simplemente en la recolección de basura señalan que prestan el servicio cuando llegan a tener dinero para el combustible; de una ambulancia, ni qué hablar, de no ser por ciudadano que presta el servicio de forma voluntaria.
Este mero ejemplo nos da elementos para entender cómo el desdén de un gobierno se puede traducir en graves problemas no solamente de calidad de vida, sino de posibles conflictos de gobernabilidad.
A ver qué sucede en Puerto Libertad y en los muchos de los casos en los que pagamos para que nos ignoren, para que simulen que cumplen con sus obligaciones.
Por lo pronto este caso nos permite ratificar la pregunta de por qué pagar impuestos, si quienes mandamos y consumimos, somos ignorados. Es solamente una reflexión.
¡Hasta la próxima!
Guillermo Noriega Esparza. Internacionalista, UNAM y director de Sonora Ciudadana A.C.
Correo: noriega@sonoraciudadana.org.mx
Twitter: @elmemonoriega
