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A lo más que llegará la Cámara de Diputados en el asunto del tráfico indiscriminado de armas de alto poder a Estados Unidos a México, es la creación de una comisión de legisladores que viajará a Estados Unidos; y ahí junto con sus homólogos revisará el tema.
Y aunque es faculta del Senado de la República abordar las relaciones exteriores; en este trascendental asunto, tanto una como otra cámara, se limitarán a una mesa de diálogo con los legisladores norteamericanos.
La comisión legislativa de “alto nivel” se integrará con diputados que forman parte de la interparlamentaria y un grupo de legisladores que son parte de la Mesa Directiva de la cámara baja.
Así participará la cámara de Diputados en este asunto que representa no sólo una violación al derecho internacional, sino una amenaza a la propia seguridad nacional de nuestro país.
Al parecer el tráfico indiscriminado de armas de alto poder y de uso exclusivo de las fuerzas armadas estadounidenses resulta ya común en nuestro país, porque se trata de una práctica de décadas atrás; y peor aún, con el consentimiento hasta de las propias autoridades mexicanas.
Este tema a pesar de la complacencia de las autoridades de nuestro país, es de suma importancia y preocupación; sobre todo porque la violencia en México ha crecido a un punto que vulnera ya a la propia población civil en su seguridad mínima de transitar las calles, salir de compras o ir a un centro de recreo.
2 mil 500 armas entraron a México y no se sabe quien las tiene
A través del operativo secreto y ventilado a los medios de comunicación por el agente gringo John Dodson, denominado “rápido y furioso” de la Unión Americana en territorio mexicano, se ha manejado el conservador dato de que se introdujeron unas 2 mil 500 armas de alto nivel, sobresaliendo las AK-24 conocidas como cuernos de chivo, armas que utiliza comúnmente el narco en México, además de granadas.
La información que descubrió un acto más de intervencionismo de la nación norteamericana la conocemos por el agente federal John Dodson, quien explicó en la cadena televisiva CBS que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos emprendió la operación "Rápido y Furioso" para rastrear las actividades del narco en México.
De otros tantos operativos como este, o con otras características, como los “operación hormiga” para que el gobierno norteamericano introduzca armas a nuestro país, no es común que nos enteramos la sociedad civil. Aunque las autoridades norteamericanas y mexicanas dicen lo mismo, que no sabían.
Hasta el momento el presidente de México, Felipe Calderón no ha respondido nada. En tanto que la secretaria de seguridad estadounidense Yanet Napolitano se desligó del operativo en el que participaron algunos de sus agentes.
"Sabia de la operación Fast and Furious en general", dijo escuetamente, y "me enteré después del asesinato de los agentes Brian Terry de la Patrulla Fronteriza ocurrido en diciembre de 2010 y del agente Jaime Zapata".
Por este caso, La Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados decidió asimismo este miércoles, convocar a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora; del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y del Administrador General de Aduanas (AGA), Gerardo Perdomo Sanciprián, para que expliquen si tenían conocimiento del operativo Rápido y Furioso y qué acciones realizarán para combatir el tráfico de armas.
A ver en qué queda esta acción flagrante de intervención norteamericana en los asuntos internos de nuestro país y con qué historia nos salen los funcionarios; cuando se trata de una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país.
