La polémica decisión del gobierno federal de quitar a MVS la concesión de la banda 2.5 revela no sólo los muchos intereses que están en juego, sino también la manera en que la comentocracia toma partido. El debate entre los opinadores es tan ilustrativo como la batalla legal y política por la concesión. Veamos.
No es de extrañar que aquellos favorables a la posición del gobierno estén vinculados en mayor o menor medida con Televisa; fue Cablevisión, su empresa asociada, quien inició la demanda en contra de MVS en la disputa por la banda 2.5. Por lo general los argumentos de esta corriente son económicos. Dejarle la concesión a los Vargas generaría otro monopolio y el gobierno perdería la posibilidad de captar 2 mil millones de dólares con la reventa.
Mileno y Excélsior han sido los principales bastiones a favor de la posición de la SCT. En los espacios institucionales como las columnas Trascendidos y Frentes Políticos, respectivamente, dejan en claro sus cercanías con la posición de Televisa y el gobierno. Carlos Marín, director de Milenio, como es su claridosa costumbre no se anda con mediatintas. Afirma que el precio que ofrece MVS está muy por debajo del valor de mercado, pero lo dice en su muy particular estilo: la familia Vargas está pasándose de lanza … Así pudo sugerir que le dieran de pilón la Plaza de la Constitución …Apesta a puro negocio y nada que convenza como presiones contra la libertad de expresión.
Carlos Loret, sigue otra línea de argumentación para justificar la decisión de la autoridad. En su columna de El Universal, afirma que en el fondo los Vargas son un instrumento de Carlos Slim para asegurarse de que el litigio de la banda 2.5 dure años y nadie pueda utilizarla para ofrecer servicios de telefonía, lo cual extiende el monopolio de facto del Telmex.
Mucho más sutil, en su columna de Milenio, Joaquín López Dóriga cita a Gómez Mont quien publicó en Reforma un artículo especial sobre el tema. Con el pretexto de preguntarse a quién le está hablando el ex secretario de Gobernación, Joaquín se asegura que el reclamo a Carmen Aristegui vuelva a recordarse: reproduce de Gómez Mont las siguientes líneas: afirmo que desde el primer momento la conducta de la periodista Carmen Aristegui me afrentó. Me afrenta hoy todavía al buscar someter al Presidente de la República, al hombre, al padre de familia, al esposo, a un escrutinio injustificado e infamante. Al periodista de bien le corresponde desentrañar la verdad de los hechos. Le obliga la carga de la prueba.
Mientras que los detractores de MVS se centran en los argumentos económicos, los que critican la decisión oficial se concentran en los argumentos políticos. La Jornada en un editorial de la semana pasada sugiere que se trata de un acto de censura, por las molestias que ocasiona la línea del noticiero de Aristegui. Incluso va mucho más allá, La Jornada recuerda la trayectoria de Javier Lozano en sus críticas a los periodistas (lo cual hace factible el chantaje en contra de Vargas). Más aún, el diario hace alusión a la manera en que el gobierno ha favorecido a Televisa en detrimento de Slim en la disputa que hoy mantienen por los espacios de comunicación. En el fondo, La Jornada y Carlos Loret estarían de acuerdo en ese argumento, pero en los polos opuestos.
Los periódicos El Universal y Reforma han sido más cautos, pero en sus espacios de Bajo Reserva y Templo Mayor, respectivamente, han expresado preocupación de que la medida intempestiva por parte del gobierno, a tres meses de la entrega del poder, entrañe algún tipo de censura o favoritismo. Ambos han dado amplio despliegue a las posiciones de Joaquín Vargas, sin dejar de atender la argumentación oficial.
Denise Dresser, colaboradora del noticiero de Carmen, es quizá la pluma más crítica sobre la decisión de la SCT. En su artículo del lunes en Reforma la autora señala: La razón real detrás del “rescate” se halla –más bien- en la panza del Presidente y su relación con la televisión. Tiene que ver con el castigo a una conductora incómoda y a quien le ha empleado. Tiene que ver con la decisión de seguir haciéndole favores a una empresa privilegiada.
Otros columnistas han abordado el tema, sin “mojarse”. Sergio Sarmiento, en Reforma, se afilia a los argumentos económicos, pero cree que no tendría que agotarse la negociación con los Vargas. Julio Hernández, en Astillero, cuestiona que la banda 2.5 pudiera terminar en manos de Slim, con lo cual compra el argumento de los que critican a Vargas, pero concluye con un prudente remate: El castigo a MVS, las presiones contra Carmen Aristegui y el veto a Slim forman parte de una guerra de poderes en la que el periodismo está bajo fuego.
Este miércoles Joaquín Vargas presentaría sus pruebas o argumentos del chantaje del que habría sido objeto por parte de las autoridades a cambio de mantenerle la concesión. Será interesante ver las reacciones de la comentocracia y el posicionamiento de los periódicos frente a los argumentos de MVS y la reacción de las autoridades. A veces el espectáculo está en los palcos y no sólo en la cancha. Esto va para rato.
Nota: No puedo terminar sin explicitar mi propia posición, publicada en este espacio hace una semana y con más detalle en El Universal el domingo pasado: sin desconocer que existan razones de conveniencia económica en la decisión del gobierno, la medida es tan tardía e intempestiva que transpira motivaciones políticas. No sólo de animadversión en contra de la línea editorial del noticiero de Aristegui sino también, y mucho más importante, la necesidad política de Calderón de congraciarse con Enrique Peña Nieto al tomar una decisión favorable a Televisa. Al priista le habría resultado muy caro, políticamente hablando, anunciar esta medida al inicio de su sexenio. Calderón está comprando favores, a mi parecer.
¿Cuál es el suyo?
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