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Por Ricardo Monreal
El pasado jueves 2 de agosto hicimos públicos diversos documentos que presumían un clásico mecanismo de triangulación financiera entre cuentas del gobierno del Estado de México, un particular y la campaña presidencial del PRI.
El centro de estas operaciones era la cuenta 03800806935 de Scotiabank, que en un lapso de dos meses había mostrado tres titulares diferentes: gobierno del Estado de México, Luis Videgaray y Marco Antonio González Pack.
Esta inconsistencia en la información presentada sirvió de pauta para que el secretario de Finanzas del gobierno mexiquense señalara que nuestra documentación era apócrifa y que estábamos calumniando a la administración estatal, motivo por el cual fuimos objeto de una demanda civil y de una denuncia penal.
Informados con oportunidad que Banxico realizó hace algunos días cambios en los nombres de los administradores que aparecían en las transferencias bancarias (SPEI) de esa susodicha cuenta (ex post a la denuncia que presentamos ante la SIEDO por lavado de dinero y ante el IFE y el TEPJF por utilización de recursos de procedencia ilícita en la campaña del PRI), el sábado pasado anunciamos la denuncia que promoveríamos contra el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por alteración de documentos financieros oficiales.
El pasado domingo, el banco central respondió con un comunicado que en su parte medular señala: “El instituto central no tiene responsabilidad alguna respecto de los datos contenidos en los comprobantes, dado que la veracidad y exactitud de la información solo pueden ser comprobadas por el banco receptor de los recursos. Cualquier modificación en los comprobantes solo puede hacerse mediante instrucción directa del banco receptor.
En el caso ventilado recientemente ante los medios de comunicación el Banco de México recibió instrucciones explícitas del banco receptor de los recursos para corregir información inconsistente, que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco receptor” (el subrayado es de la propia institución).
Ayer, el “banco receptor”, Scotiabank, emitió a su vez un comunicado de dos párrafos validando que fueron ellos quienes solicitaron “el día 13 de agosto del 2012… corregir la información del comprobante electrónico de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de la transferencia antes mencionada para reflejar al beneficiario de la transacción de manera correcta”; es decir, para eliminar del SPEI del 19 de junio pasado a “Marco Antonio González Pack” y poner en su lugar “Gobierno del Estado de México”.
¿Qué significa esto?
1) Los SPEI que exhibimos hace casi un mes como prueba de una triangulación financiera y con base en los cuales presentamos las denuncias correspondientes ante el IFE, TEPJF y SIEDO, no son apócrifos o falsos; sí existen y son oficiales.
2) Que una vez denunciada la transferencia por 50 millones de pesos de una cuenta de Bancomer del gobierno mexiquense a la cuenta de Scotiabank a nombre de “González Pack”, el banco procedió a solicitar a Banxico la corrección del nombre (es decir, se dieron cuenta de un error de 50 millones de pesos, ¡55 días después!).
3) Lo más importante: ¿qué pasó con los fondos del gobierno mexiquense transferidos “erróneamente”? Estamos en posibilidades de informar que fueron debidamente gastados, en tiempo y forma, en un objeto de inversión muy distinto al que compete a un gobierno estatal. Aquí no hubo error ni dilación alguna.
Marco Antonio González Pack no es cualquier “inconsistencia” o “deficiencia del banco receptor”. Estudiante de 25 años, laboró como gerente de ventas de la empresa Industrias Gil & Eagle, asentada en Chihuahua, hasta hace un año (es decir, probablemente ni se enteró de que le habrían depositado desde Toluca 50 mdp).
La empresa se dedica a “producir plataformas, cajas secas y refrigeradas, desde un minitruck hasta un semiremolque para un tractocamión”, según se lee en su página de internet. Casualmente también fabrican los “publimóvil” o plataformas para pasear espectaculares móviles como los que se vieron en varias ciudades del país con la imagen y publicidad de los candidatos del PRI a diversos cargos de elección (entre ellos, el candidato presidencial). Por cierto, este tipo de publicidad, al igual que las vallas, no son gastos reportables ante el IFE.
Gracias al Banco de México por certificar que las transferencias millonarias que supuestamente nunca existieron, son reales. Gracias también a Scotiabank por evidenciar de manera involuntaria el procedimiento expost y ad hoc que está en marcha para tratar de borrar lo indeleble: las huellas del dinero ilícito e ilegal con el que se pervirtió la elección para intentar comprar la Presidencia de México.
