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Marta Lamas / Proceso
El aumento de casos de embarazo entre adolescentes se analiza hoy como una situación problemática que debe ser pensada en términos de riesgo.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el capítulo II de su Panorama social de América Latina 2011, dice que “la elevada incidencia de la pobreza y la desigualdad en la región y su estrecho vínculo con los bajos niveles educativos se conjugan para que núcleos todavía importantes de población enfrenten barreras de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y mantengan una alta tasa de fecundidad no deseada. La situación es particularmente preocupante en el caso de las adolescentes latinoamericanas”.
La Cepal habla del círculo vicioso que se establece entre maternidad precoz, número de hijos, falta de educación y menor capacitación laboral, pues esta combinación establece una “estructura de desventaja” y refuerza la pobreza y la desigualdad. Claudio Stern, en su espléndido libro El “problema” del embarazo en la adolescencia (Colmex, 2012), introduce matices que aportan a una mejor comprensión del fenómeno y, por lo tanto, a un abordaje más eficaz en términos de política pública.
Luego de más de 20 años de investigación sobre la salud sexual y reproductiva, así como en torno a los derechos de las y los jóvenes, Stern plantea el desafío de repensar cómo se construye un fenómeno social como “problema”. Empieza revisando la designación de este tipo de embarazo “precoz” como “anticipado” y “riesgoso”, para concluir que el riesgo no radica en el embarazo en sí mismo, sino en las condiciones en que ocurre.
Subraya la necesidad de poner atención en el contexto para no resbalar en la reducción que suele darse a priori en términos como “maternidad adolescente” y “embarazo adolescente”, pues la llegada de una criatura en la pospubertad de la madre tendrá efectos distintos dependiendo de sus circunstancias: ¿es producto del abuso sexual o de la iniciación en la vida sexual?
El puntillosismo académico de este prestigiado investigador resulta muy esclarecedor, pues preguntarse cómo es que dicho fenómeno se ha vuelto un problema y cuestionar las implicaciones que de ahí se derivan ilumina muchos aspectos que suelen ser soslayados en la “preocupación” de los funcionarios responsables de abordar el fenómeno.
Indudablemente la posibilidad de determinar la cantidad y el espaciamiento de los hijos tiene múltiples ventajas, y eso se obtiene mediante una buena educación sexual y un aumento significativo del uso eficiente de anticonceptivos modernos.
Pero las/los adolescentes que inician su vida sexual no están todos en las mismas circunstancias, y Stern subraya que si bien lo más grave y preocupante radica en la pobreza y la desigualdad, que obviamente se traducen también en la carencia de una buena educación sexual y de una oferta adecuada de métodos anticonceptivos, el problema va más allá del círculo vicioso de la “dinámica demográfica de la pobreza”.
Una es la situación de vulnerabilidad de las adolescentes pobres, donde las desigualdades ya existentes aumentan esa “estructura de desventaja”, y otra es la situación de muchas más adolescentes.
Stern pone el dedo en la llaga cuando señala que las restricciones en el uso de anticoncepción entre los y las adolescentes revelan no sólo insuficiencias económicas, sino también barreras culturales.
Los adolescentes no acuden a los servicios de “planificación familiar” para consultar sobre su sexualidad, y las adolescentes no previenen embarazos no deseados.
Stern critica los programas de las instituciones públicas y plantea la importancia de elaborar una política de largo plazo que reconozca las diferencias entre las/los propios/as adolescentes y adecue sus medidas a las variadas necesidades de ellas y ellos. Y por eso concluye que lo más urgente, además de contrarrestar los efectos de la pobreza, es la aceptación “del inevitable incremento de la exposición a la sexualidad premarital”.
Stern enfatiza la imperativa relevancia de que la educación pública imparta una educación sexual temprana, y de que los servicios de salud sexual y reproductiva públicos ofrezcan un acceso fácil y universal a los métodos de anticoncepción.
Y tiene razón cuando concluye que “mientras no haya una mayor aceptación social del ejercicio de la sexualidad entre los jóvenes, continuarán sumándose obstáculos para prevenir embarazos no deseados y para evitar los riesgos que implican para las y los adolescentes”.
Sí, los chavos y chavas tienen relaciones sexuales, y yo añadiría que, además de las dificultades que enfrentan para prevenir embarazos, otro gran obstáculo radica en la imposibilidad de remediarlos mediante su interrupción legal.
Ese es un problema en toda la república, y en el DF, donde existe la interrupción legal del embarazo, las menores de edad requieren el permiso de sus padres. En otros países ya se ha modificado esa exigencia y sólo se pide que las menores vayan acompañadas de una persona adulta.
Como ven, hay mucho por hacer en nuestro país, y la política del avestruz no parece dar resultados. Por lo pronto, y como señala Claudio Stern, el “problema” es la manera deficiente en que abordamos el embarazo de las adolescentes.
