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Cobro ilegal del pasaje urbano
La crisis actual del transporte urbano revienta a causa de dos graves irresponsabilidades en el cumplimiento de la ley que por lo visto, quedarían impunes.
La autoridad reguladora del transporte, Dirección Estatal del Transporte (Francisco García Gámez) y el Fondo por la Modernización del Transporte (Femot) (Víctor Alcaraz Bernal), que no aplican la ley y no liquidaron en tiempo y forma los millones recaudados durante 2012 de las tarjetas de descuento y prepago que los usuarios depositaban en las tiendas oxos. Esta es una grave falta encubierta por el propio gobernador Guillermo Padrés.
Pero igualmente son culpables gravemente los directivos de las empresas concesionarias Sicthusa, Concatrapsa, etc. Que no han cumplido nunca, NUNCA, con un servicio de calidad y han dejado en el derrumbe a las unidades y a la transportación pública.
En Ciudad Obregón hace 5 meses entraron con permiso temporal decenas de unidades en un estado físico deplorable y las unidades rojas que están al borde del colapso también en estos momentos cobran por la vía de los hechos con la vista gorda de la autoridad, una tarifa infame de 7 pesos, lo que denota un incremento del 40 por ciento en dos años y un incremento del 100 por ciento en 7 años desde que inició el programa boursista Suba.
El precio del combustible en 6 años tuvo un incremento del 64 por ciento, lo que nos dice que una tarifa de 7 pesos es injustificada.
Presuntamente esta tarifa nunca se autorizó, pero tampoco el gobierno cumplió con subsidiar con dos pesos adicionales a los 5 pesos que se cobraron con la tarjeta de prepago, para garantizar un servicio, se decía, del Bus Sonora de calidad y con aire acondicionado.
Las condiciones de operación que dieron origen al anterior Suba, hoy están deshechas: se paga en efectivo, no sirve ya ningún escáner de tarjetas, no hay descuentos, los autobuses en su gran mayoría están destartalados, no les sirve el aire acondicionado, el trato y atención al público es deplorable y al interior de la administración concesionaria hay desorden, despilfarros y corrupción.
Distrito XVII
El 14 de septiembre de 2012, se cometió un crimen que manchó imborrablemente con litros de sangre política las calles de Ciudad Obregón. Quedará por responderse en la historia lo que verdaderamente sucedió, por que el culpabilizado presuntamente del crimen está desaparecido y su confesión al parecer nunca la conoceremos.
La justificación para llevar a cabo una nueva elección –por que el suplente del diputado electo supuestamente es su homicida–, se encuentra en un vacío político, pero lo más grave es que se encuentra también, en un vacío moral.
El proceso electoral aprobado por el Congreso del Estado, según la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Federal Electoral es ilegal y su cancelación tiene como paralelo otra sanción: La de la opinión general de la sociedad sobre la opacidad de la situación del crimen y aquella que dice que el diputado que llegue con una nueva elección asi como los que hoy están, no sirven para nada. Incluso a la hora de llegar a la curul se transforman en unos traidores del interés ciudadano.
Cada diputado tiene de percepciones mensuales entre 200 y 250 mil pesos y tienen a disposición otro fondo “de gestión social” de 4 millones de pesos al año. Aún así, son capaces de voltearse y aumentarles los impuestos a los ciudadanos. Entonces ¿Para qué queremos un nuevo diputado?, que irá casi irremediablemente al Congreso a convertirse en un traidor.
Fuera de ello, el crimen de Eduardo Castro Luque tiene muchas aristas que no se han resuelto y que el esquema de manipulación del poder del estado, se ha impuesto para ocultarlo y dejarlo en el olvido.
Visita a Atlacomulco
El que esto escribe estuvo dos días de turista en el pueblo de 20 mil habitantes Atlacomulco, Estado de México, lugar de nacimiento del actual presidente del país, Enrique Peña.
Visité al modesto colegio religioso “Plancarte” donde estudió la primaria el mandatario y recorrí la escuela secundaria Rafael Fabila donde dio clases el famoso y joven profesor Carlos Hank González.
Platiqué con un tío en segunda línea consanguínea Pedro Caballero y con su esposa de apellido Colín. De ese pueblo surgieron 3 gobernadores del Estado de México, varios Secretarios de Estado y otros más dirigentes nacionales del PRI, entre ellos Alfredo del Mazo Vélez, y Alfredo del Mazo González tíos por el lado materno de Peña.
El bisabuelo de Enrique era un tipo alto y fornido –me cuenta el señor Caballero–, que siempre portaba dos pistolas al cinto calibre .45 y con cargadores, le decían “el chino” Peña. Tuvo un hijo que nació en Acambay de nombre Pedrín Peña, este fue su abuelo.
La abuela del presidente, casada con Pedrín, fue Dolores Del Mazo madre del ingeniero eléctrico Enrique Peña Del Mazo que fue director del sistema eléctrico de la Compañía de Luz y Fuerza.
La raigambre de Atlacomulco es 90 por ciento indígena, casi siempre campesinos muy ignorantes y hasta analfabetas de origen Mazahua y Otomí que viven en El Oro, Temacaltzingo, San Felipe del Progreso, Acambay, Jututitlán.
Caballero de 76 años de edad y atlacomulquense de nacimiento, relata: “Los forzan cada elección, si no votan por el PRI los amenazan con hacer faenas en el campo, por eso los obligan y como ellos se espantan, por eso siguen votando por ese partido. Siempre hay imposición, es una cochinada”.
