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El lector se preguntará por qué tanta alharaca con el asesinato o desaparición de más de 70 periodistas en los últimos años; después de todo es un número que palidece frente a los 70 mil muertos de la guerra contra el narco.
No se trata de que unas personas tengan más importancia que otras, desde luego. Se trata de la función que cumplen. Bastaría la muerte de una veintena de jueces en asuntos vinculados al crimen organizado, por ejemplo, para que la justicia quedara absolutamente comprometida.
De igual forma, ha bastado el asesinato de unas docenas de comunicadores para silenciar a la prensa de gran parte del País. En amplias regiones, la sociedad ha perdido su derecho a enterarse de abusos y corruptelas en todo lo que involucra a cuerpos policiacos y funcionarios públicos. En última instancia, no sólo son los periodistas las víctimas, sino la sociedad en su conjunto, la transparencia y la democracia.
Cada reporte anual sobre las agresiones a la prensa en México es como el resultado de una mala biopsia: mata la esperanza y confirma que el cáncer ha invadido una zona más del cuerpo social. Trátese de un documento de Human RightsWatch, de CPJ (Comité de Protección a Periodistas), de la SIP o de la organización mundial Artículo 19, el diagnóstico es el mismo: cada año la situación empeora.
El más reciente, de Artículo 19, presentado esta semana arroja mucho más que eso. Además de dar cuenta del incremento de agresiones (la mayoría perpetradas no por el narco, como se piensa, sino por autoridades de Gobierno en los tres niveles), hace un implacable repaso del fracaso de los esfuerzos para combatir el cáncer. Una aspirina lo habría hecho mejor.
El informe “Doble Asesinato, la prensa entre la violencia y la impunidad”examina la ineptitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para procesar las agresiones y amenazas documentadas por parte de funcionarios. A mi juicio, tal ineptitud es aún más deplorable porque parecería una estrategia voluntaria de la CNDH para ser cómplice de los abusos.
Por su parte, la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, FEADLE, es como sus siglas involuntariamente indican, bastante fea. O al menos anodina. Sin dientes para operar y con un presupuesto que apenas rebasa el millón de pesos anual, constituye una tomadura de pelo por parte de los legisladores.
Tampoco lo ha hecho mejor la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en abril del año pasado. Desde entonces seis comunicadores han sido asesinados, 14 huyeron de su lugar de residencia y 42 han sido amenazados. Mientras tanto, la aplicación de esta ley no avanza porque la Segob no se toma la molestia de elaborar los protocolos que requiere.
Para vergüenza de los propios periodistas, el informe de Artículo 19 también revisa la ausencia de solidaridad entre los colegas. Con frecuencia gana en los periodistas su identificación con el medio en el que trabajan en detrimento de la identidad de gremio. Esto provoca que terminen “comprando” las rivalidades entre las empresas de comunicación.
Decía Raymond Chandler que los periodistas son como los actores de cine: tienen el mismo ego, aunque carecen de la belleza física y el carisma. Quizá el ego, la rivalidad y la pertenencia a las capillas expliquen la falta de una organización profesional capaz de enfrentarse, unida, al ataque del que son víctimas.
Con todo, habría un par de factores que están cambiando a nuestro favor. Por un lado, el papel de las redes sociales que, pese a la censura sobre los medios tradicionales, logra colar información sobre estos temas.
Particularmente en algunas regiones en las que incluso las agresiones a medios y periodistas son silenciadas. Ahora mismo la organización internacional change.org ha lanzado una campaña para promover la firma de una carta dirigida a Peña Nieto para convertir a la Fiscalía de Periodistas en una institución con capacidad real para actuar (www.change.org/impunidadmata).
Del otro, el actual Gobierno busca legitimarse con acciones que sean valoradas por la opinión pública. Las medidas anunciadas en estos primeros 100 días lo muestran. Me parece que es la oportunidad para elevar la voz y lograr que el Gobierno Federal asuma en su agenda la importancia de preservar el derecho de la sociedad a ser informada sobre temas de política e inseguridad pública. No será una graciosa concesión.
Dependerá de todos nosotros mostrar que no es el número de víctimas lo que importa, sino la importancia que la libertad de prensa tiene en la construcción de una opinión pública informada y participante.
@jorgezepedap
