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La carrera de Espino
El Poder Judicial es la única garantía que queda ante la posibilidad de que el Estado sea desbarrancado a causa de la desaparición de su legitimidad. Podrá disolverse el legislativo o desaparecer el ejecutivo pero los más altos jueces son los que deben al final hacerse cargo del timón del barco si va a la deriva. Igual pasa con los aspectos ideológicos: podrán la corrupción, las disputas banales o la inmoralidad, destruir al Estado pero no puede destruirse la sobriedad y el fondo de su constitución que debe ser garantizada por los integrantes del Judicial.
He ahí la trascendencia de que sus miembros deban ser los más encumbrados jurisconsultos de una sociedad. Por eso se les debe pagar por encima de los emolumentos que perciben en promedio los altos servidores públicos.
Pero también el perfil de los supremos jueces de una república o un estado deben ser incuestionables y consagrados por vida a la carrera judicial. En ellos se recargan las esperanzas finales y fundamentales de un pueblo por la justicia: Suprema Corte y Supremo Tribunal. Los que llegan a ellos deben cumplir con los preceptos constitucionales y Héctor Rubén Espino Santana un politiquero desde luego no los cumple. Por ello debe ser impugnado con un recurso legal y constitucional para que no continúe como alto magistrado tan solo con la venia de su compadre y cómplice Guillermo Padrés.
Ese recurso legal debe apelar a que su nombramiento es ilegal y a su destitución si no es en el corto en el mediano plazo.
Pero no debe continuar un leguleyo como uno de los 7 máximos jueces de Sonora y por un periodo de 9 largos años.
Espino en sus últimos 15 años de desempeño laboral se ha dedicado al cochupo político. De funcionario pasó a Diputado local y luego a Presidente Municipal de San Luis Río Colorado y después a funcionario y luego integró la directiva estatal y al final llegando en Cajeme a convertirse en delegado político previo a la elección de 2012.
Esos sus mejores años de vida no fueron dedicados a ejercer ninguna experiencia en el poder judicial. Paradójicamente ha sido el ex procurador priísta Murrieta su principal impugnador, por eso es necesario que sea impugnado por agentes políticos y ciudadanos con legitimidad para ser cambiado.
Educación gratuita o educación cuotizada?
El artículo 3° de la carta magna es enfático en su Fracción IV: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.
Por ello la senadora priísta Claudia Vucovich ni ningún funcionario de la educación deben darle muchas vueltas al tamal.
En ninguna escuela pública pueden cobrarse cuotas por anticonstitucionales y deben ser destituidas las autoridades educativas que las impongan.
Dice Vucovich: “La educación en México no debe depender de cuotas, de ninguna manera la gente de escasos recursos debe pagar algo que no puede y jamás se podrá condicionar que los jóvenes reciban los estudios”.
O sea que para la senadora la gente de “medios recursos” o de “abundantes recursos”, si deben ser condicionados a que sus hijos estudien pagando cuotas, o sea que para el caso no se sale de donde mismo solapando la misma senadora a aquellos que irrumpen con lo que dicta el artículo 3°.
Y es preciso mencionar que ninguna escuela que funcione con recursos del Estado, sean básicas y hasta universitarias deban cobrar cuotas, menos colegiaturas como lo hace abiertamente por ejemplo el Instituto Tecnológico de Sonora, su rector anuncia becas, condiciona desde la matricula hasta el uso de la biblioteca solo a los que pagan 5 mil pesos de colegiatura al semestre, burlándose del artículo constitucional que costó sangre. ¿Qué hijo de trabajador que gana uno o dos salarios mínimos puede estudiar en la universidad ante estas cuotas? Es imposible.
Moshila operation
Hay un simbolismo grave en las revisiones de las pertenencias de menores de edad que acuden a las escuelas en la mentada “operación mochila”. Adultos con la vigilancia policiaca meten las manos y sacan artículos e intimidades de los niños y adolecentes que estudian. Este simbolismo va en paralelo con lo que se ha hecho costumbre en las revisiones también ilegales de bolsos y pantalones de los trabajadores en fábricas y empresas por orden de las gerencias. Cada empleado en una empresa es revisado (cachado) al salir de su trabajo para cerciorarse de que no se robó nada, generando un sentimiento de culpa de aceptar salarios de hambre en maquiladoras y grandes cadenas comerciales, que en realidad son un robo de los patrones al quedarse con la plusvalía de la fuerza de trabajo. Al estudiante que en el futuro será empleado u obrero se le acostumbra y somete para que irremediablemente acepte revisiones físicas en sus ropas y pertenencias, sin queja.
También agentes policiacos detienen a jóvenes de aspecto cholo y los revisan esculcándoles bolsillos y camisas en la vía publica, a pesar de violar la garantía constitucional del artículo 16, de no ser molestado en su persona o posesiones a cualquier mexicano “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Sin embargo a pesar de salir a los cuatro vientos tal violación a los derechos humanos no hay ninguna comisión estatal que diga esta boca es mía.
