|
|
(O de como armar un movimiento artificial mediante el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano de a pie)
En México, todas las personas con independencia de su sexo, edad, religión, preferencia política o sexual, capacidad económica, etc., tienen garantizados diversos derechos en la Constitución Política, entre los que se destacan:
La manifestación de las ideas (Artículo 6); Libertad de escribir y publicar (Artículo 7); y El derecho a asociarse o reunirse pacíficamente (Artículo 9).
Pero cuando se ejercen los derechos básicos mencionados con anterioridad, incluso apegándose totalmente a las condiciones impuestas por la ley, es común que la reacción de la autoridad política sea bastante irracional, es decir apolítica: utilizan la represión policiaca, laboral y judicial, en aras de combatir las inconformidades que “amenazan” desde su punto de vista, la “gobernabilidad”.
En el Estado de Sonora, en los últimos 3 años se presenta un fenómeno atípico: Divididos políticamente los grupos de poder económico ya no resuelven sus diferencias en hoteles y restaurantes de lujo, o en sus bellas mansiones o ranchos opulentos, donde mediante el intercambio de canonjías de todo tipo, se garantizaban unos a otros su propia estabilidad política y económica.
¿Qué pasa ahora? Es difícil de creer, pero aún con todas las ventajas económicas y de posicionamiento político a su favor, los más adinerados ponen en práctica los derechos constitucionales aquí mencionados, preferentemente utilizados por la clase media y baja, permanentemente agraviada.
Por supuesto que tienen derecho a ejercer esas garantías constitucionales, pero… ¿hasta dónde es un ejercicio legítimo y honesto? Cuando un grupo de poder está respaldado incondicionalmente por una autoridad constitucional, definitivamente no estamos ante la presencia de un movimiento ciudadano, aunque involucren a sus trabajadores o personas incondicionales que pretenden obtener algunas migajas de los haberes de los cacicazgos regionales.
Estamos solo atestiguando un conflicto entre élites, de cúpulas, una de las cuales, la de Cajeme, en el mejor de los casos solo pretende evitar mermas en su capacidad productiva, sino es que acaso y de pasadita, pretende también recuperar el poder político en todo el Estado, utilizando, para tal fin, un descontento social artificial denominado Movimiento Ciudadano por el Agua.
