Un “trascendido” informativo presentado como nota exclusiva en The Wall Street Journal, volvió a alborotar el gallinero en medio del pasmo legislativo en el que se encuentra la reforma energética.
No es para menos. La prensa anglosajona ha tenido el privilegio de tener por adelantado algunas de las medidas más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Él mismo sugirió las líneas de los cambios en Pemex y en el sector petrolero, en notas publicadas en diciembre de 2012 en The Economist y en The Financial Times, mucho antes de anunciar su iniciativa de reforma constitucional en materia energética.
La nota del periódico más famoso del mundo de los negocios, no precisa fuentes ni cita documento alguno, pero lanza un provocador escenario: el gobierno peñista y el PAN negocian un modelo más audaz que el de los “contratos de utilidad compartida” que planteó Peña Nieto en su iniciativa de reforma constitucional de los artículos 27 y 28, el pasado mes de agosto. Según el reportero Juan Montes, se trata de “contratos de producción compartida” que podrían usarse en campos más riesgosos.
“Los negociadores también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto, en los que la empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos”, agrega The Wall Street Journal.
Según la nota de Montes, se trata de una negociación directa entre el gobierno y “miembros importantes del PAN”, al margen de lo que está realizando el Senado de la República, la cámara de origen para dictaminar la reforma energética.
Hasta ahora, los foros convocados por la Comisión de Energía resultaron un fiasco. El monólogo de quienes están a favor de la reforma constitucional perdió encanto ante el retiro de los senadores del PRD y del PT, y de la actitud fría del PAN –su único aliado en este terreno- tras la aprobación de la reforma fiscal.
Lo impresionante es que nuevamente comenzó un baile de máscaras, de declaraciones, de amagos y de desplantes frente a este “trascendido” de The Wall Street Journal, reforzado por un análisis de la agencia Bloomberg.
El primero en atizar el fuego ha sido el propio Peña Nieto. En un extenso discurso durante la Cumbre México 2013, organizado por la revista británica The Economist, el primer mandatario ya perfila una coartada discursiva para justificar un primer año de desastre económico de su sexenio: el bajo crecimiento se debe a la falta de una reforma energética.
“De no hacer algo nuestro país –advirtió Peña Nieto-, de no convertirnos en un país que explote de manera más amplia, racional y, sobre todo, que le dé a nuestro país condiciones de mayor competitividad por la oferta de recursos energéticos, o de insumos energéticos, México perderá competitividad”.
“Y contrario a lo que hemos venido observando en estos primeros 11 meses de la administración, las inversiones productivas podrían tener el riesgo de irse a otra parte; precisamente, a donde la energía es más barata y lo está haciendo al otro lado de la frontera.
“México no puede quedarse atrás. Ya de por sí se rezagó frente a lo que otras naciones, especialmente de la región de América Latina, estuvieron logrando en los últimos años, precisamente en materia energética, aprovechando de mejor manera sus recursos y ampliando la explotación de los mismos”.
En otras palabras, si no se aprueba este año la reforma energética que propuso su gobierno, Peña Nieto sugiere un escenario de pérdida de competitividad y de inversiones.
En este sentido, el primer mandatario baila el tango de la nota de The Wall Street Journal: es un llamado urgente para tener algo que ofrecer a los inversionistas que anticipadamente adelantaron el “Momento Mexicano”, y ahora se encuentran decepcionados.
En otro foro, con otro significado político y tecnocrático, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, “desmintió” a medias lo publicado por el rotativo norteamericano. Afirmó que Pemex no se privatizará y que “el diseño final de los contratos propuestos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera, está en manos del Congreso”.
La bola se la pasan a la cancha del Senado, donde rápidamente desmintieron las presuntas negociaciones “en lo oscurito” tanto el coordinador de PRI, Emilio Gamboa Patrón, como el del PAN, Jorge Luis Preciado. El líder de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, aprovechó el viaje para amagar legislativamente: los senadores perredistas se levantaron de la mesa de negociaciones de la reforma política, condición impuesta por Acción Nacional para que se dictamine y apruebe cualquier cambio en materia energética.
En medio de este tango, el ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, vio en la publicación de The Wall Street Journal la confirmación de lo que ha venido argumentando desde el inicio de sus movilizaciones en defensa del petróleo.
López Obrador ganó otra vez en timming, porque la publicación de las presuntas negociaciones ocurrieron poco después que él anunció el envío de cartas a directivos de Exxon, Shell y Chevron, entre otras grandes multinacionales petroleras, para recordarles que el petróleo no es de Peña “ni del gobierno, ni siquiera del Estado: por justicia y derecho es del pueblo y de la nación”.
En su misiva, el ex jefe de Gobierno capitalino les advirtió a las “grandes hermanas” petroleras que “midan las consecuencias de establecer relaciones de negocios con un gobierno que pretende transgredir los principios básicos y espíritu de nuestra ley fundamental”.
El tango no ha terminado.
Los únicos que no bailan y que no cuentan, son los propios mexicanos. Tanto el gobierno federal, como el PAN y el PRI, han hecho caso omiso a la reiterada propuesta de las izquierdas partidistas, sociales y académicas para convocar a una consulta pública nacional, bajo los principios del artículo 35 constitucional reformado, para definir si se modifican o no los artículos 27 y 28 de la Carta Magna.
El último párrafo de la nota de The Wall Street Journal no se equivoca en su pronóstico:
“Una ley más ambiciosa podrá desatar una nueva ola de protestas en un país con un largo historial de nacionalismo petrolero. Los detractores ven los cambios como una manera de privatizar la industria. Además, algunos expertos creen que contar con demasiados modelos podría convertirse en un dolor de cabeza burocrático para el país y que éste debería centrarse en las licencias”.
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