Con la aprobación a puerta cerrada de la reforma energética, los mexicanos presenciamos un atentado del orden contra el orden, de las instituciones contra las instituciones, del Estado contra el Estado, porque las leyes también pueden usarse para propiciar la pérdida de armonía social, de cohesión nacional y de soberanía.
Ni siquiera en los viejos y buenos tiempos del priismo absolutista podía resultar aceptable algo así. Arrancar a la nación el dominio sobre los energéticos hubiera suscitado una resistencia sorda pero eficaz de los propios priistas, formados todavía en los valores del nacionalismo y respetuosos de la gesta encabezada por Lázaro Cárdenas.
Esta vez no ocurrió así porque los priistas votaron como panistas, como creyentes en la supremacía total del mercado y dispuestos a abrir las puertas de su casa y ofrecer todo lo que guarda —incluidas las hermanas— a quien traiga dólares. En el atraco a los mexicanos, argumentos muy poderosos debieron ponerse en juego para convencer a toda la bancada tricolor de la necesidad de entregar su voto a las trasnacionales, pues a eso equivale el golpe parlamentario que presenciamos.
Evidentemente los tiempos de hoy, diría Perogrullo, no son los de Lázaro Cárdenas ni los de Benito Juárez. El mundo y el país han cambiado enormidades y los propios mexicanos somos ahora un pueblo que forma parte del poderoso entramado de la economía y la cultura del mundo. Sí, es cierto, pero ni siquiera eso alcanza para justificar el asalto a la nación.
Al proceder con tanta ligereza en un asunto que compromete el futuro como nación independiente, se confirman los afanes de quienes quisieran ver a México como una especie potenciada de Puerto Rico, como un territorio ya no sólo subordinado en lo económico, sino integrado a Estados Unidos en peores condiciones que la isla borincana. El Tratado de Libre Comercio está guiado por esa intención, pues establece el libre flujo de capitales y mercancías, pero no de mano de obra, con el resultado de que millones de mexicanos siguen siendo tratados como delincuentes en el país del norte.
No parece casual que veinte años después de firmado el TLC Obama gestione una legislación que beneficiaría a una parte de los mexicanos indocumentados que están en su país, pero menos casual es que ahora se acuerde entregar el petróleo a las trasnacionales. ¿Veinte años era el plazo para abrir ambos expedientes? ¿Hubo en el TLC —como muchos sospechamos— una entrega secreta al interés de Washington por parte de Carlos Salinas de Gortari? Tal parece que sí.
