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Carmen Aristegui
En México nos hemos acostumbrado a que cuando se publica alguna nota o información proveniente de algunos lugares de la República, por ejemplo Tamaulipas, venga sin firma o sin identidad del reportero que la consiguió.
Por razones de seguridad, muchos medios asumen que es mejor resguardar la identidad de sus corresponsales cuando se reportan hechos de violencia, crimen organizado o corrupción. Es ésta una práctica común que ilustra el grado de incertidumbre y limitación en que se desarrolla buena parte del periodismo en el país.
Sabemos que la calidad de una democracia se mide por el tamaño de sus libertades, muy especialmente, la libertad de expresión.
Las pobres condiciones de seguridad y garantía en las que se encuentran muchos medios y comunicadores en México nos hablan de nuestra precaria vida democrática.
El control y cooptación de medios por autoridades y gobiernos es también parte de la realidad en el país.
Ayer fue presentado un nuevo informe que ilustra el grado de vulnerabilidad y riesgo por el que atraviesa la prensa en territorio nacional.
El capítulo México del informe anual de Freedom House, “Libertad de Prensa 2014?, señala que, nuevamente, México es considerado como “país no libre” para el ejercicio de la libertad de prensa.
Ofrece algunos datos duros: de 2000 a 2013, 76 periodistas han sido asesinados. De 2003 a 2013, 16 han sido reportados como desaparecidos. Aunque estos números disminuyeron en 2013, la impunidad en casi el total de los casos muestra la debilidad de las instituciones de justicia.
En el informe se lee que: “… al mes de septiembre 225 incidentes de agresiones contra periodistas y/o trabajadores de medios e instalaciones de medios de comunicación, cifra superior a los 207 atentados perpetrados a lo largo de 2012 y los 172 registrados en 2011 y, en lo general, el nivel de las amenazas y ataques se incrementó”.
Otras modalidades se refieren las múltiples causas penales abiertas en los estados de la República contra medios y periodistas bajo la figura de “difamación… la autocensura continuó presentándose como un factor generalizado”, considera la organización.
Otras situaciones aluden a comunicadores comunitarios, particularmente en Oaxaca, que han hecho eco de la oposición de indígenas y campesinos a diversos proyectos que afectan sus tierras y medio ambiente.
Al conjunto de factores que se analizan en este documento y otros informes similares se le deberán ir agregando otras prácticas de hostigamiento, amenazas e intimidación en contra de periodistas, medios, activistas y defensores de derechos humanos que se han venido impulsando en México -cada vez con mayor agresividad.
Algunos periodistas y críticos en este país hemos sufrido, de un tiempo para acá, fabricaciones, montajes, falsificaciones, amenazas y orquestaciones que sólo pueden realizarse con la disposición de importantes recursos -públicos y/o privados- que les permiten sostenerse con gran libertad y por periodos prolongados.
Los informes sobre la prensa en México deberán incorporar también, de alguna manera, lo que sucede en las redes sociales.
La grosera intervención en las redes está alcanzando niveles de alarma.
La contratación de robots, bots y trolls que irrumpen y alteran -impunemente- la libre “conversación” de la ciudadanía sobre los temas y asuntos que le venga en gana comentar, por momentos, es escandalosa. Que nadie se confunda o quiera confundir, una cosa es la crítica, muchas veces implacable, el humor y todo lo que representan felizmente las redes y la libre expresión de quienes las usan y otra, muy distinta, la utilización de recursos -públicos y/o privados- para contratar servicios de gente especializada que diseña campañas de odio, linchamientos e intentos de desacreditación contra medios y periodistas. Eso, enteramente, es otra cosa y forma parte, hoy, de ese entorno adverso y peligroso en el que trabaja la prensa, los activistas y defensores de derechos humanos en nuestro país.
El clima es peligroso, inhibidor, induce a la autocensura. Todo lo cual debería poner en alerta a la sociedad mexicana. La calidad informativa, el derecho a saber, el libre flujo de las ideas y de la información están en México, seriamente, amenazados.
(Artículo publicado originalmente en Reforma)
