Arturo Huerta González
La mayoría de los ministros declaró inconstitucional la consulta pública sobre la pregunta de ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la exploración de petróleo, gas, refinación, petroquímica e industria energética?, por considerar que se trata de la eventual afectación de los ingresos del Estado.
Parten del supuesto gubernamental de que la reforma energética aprobada por el Congreso aumentará el ingreso del Estado. Su decisión, es política, no es apego a la Constitución. Defienden la postura gubernamental de que dicha medida mejorará las finanzas públicas y que derogarla afectaría los ingresos del Estado. Bajo el mismo razonamiento avalarán como válido si el Congreso aprueba la venta de Baja California, porque ello mejoraría las finanzas del Estado, y llevar a consulta dicha decisión, y derogarla afectaría los ingresos del Estado.
La reforma energética aprobada no mejorará los ingresos del Estado, sino por el contrario, los reducirá, ya que compartirá la renta petrolera con los inversionistas privados que participen en dicha industria. Para que aumenten el ingreso del Estado tendrán que incrementarse las exportaciones petroleras en gran magnitud, lo que implicaría el agotamiento de las reservas petroleras en corto tiempo.
La Suprema Corte de Justicia, con su decisión, avala el proceso de privatización y extranjerización de la economía y el agotamiento expedito de nuestras reservas petroleras, como medida para mejorar los ingresos del Estado, como si ello se tradujera en mayor bienestar de la población.
Tal reforma viene a reducir más el tamaño y participación del Estado en la economía, como su capacidad para satisfacer las demandas nacionales.
Los supuestos mayores ingresos esperados serán para hacer frente al pago del servicio de la deuda pública, que se ha incrementado significativamente, y no para impulsar el crecimiento.
No se puede transferir un recurso estratégico no renovable al sector privado nacional y extranjero, por más ingreso que pueda significar al Estado, ya que ello terminará por debilitar al propio Estado y por subordinarlo más a los intereses del gran capital nacional e internacional, a costa de seguir sacrificando y marginando las demandas nacionales, y de acentuar la inequidad de la distribución de la riqueza y del ingreso en el país, política que avala la Suprema Corte de Justicia con sus decisiones.
Si a la Suprema Corte de Justicia le preocupan los ingresos del Estado, ¿por qué no declaró inconstitucional las modificaciones constitucionales que le dieron autonomía al banco central?, ya que ello le quitó el monopolio del dinero al gobierno, y por lo tanto su fuente de financiamiento, obligándolo a trabajar con austeridad fiscal, o tener que recurrir al endeudamiento en caso de caer en déficit fiscal. De igual forma, tampoco la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional las reformas que llevaron a la privatización de Telmex, ni de la minería, ni de la banca, que han originado que el Estado dejara de percibir los grandes ingresos que se derivan de tales sectores, ingresos que ahora los usufructúan aquellos hombres que han pasado a ser los más ricos del país.
La Suprema Corte de Justicia jamás cuestionó, ni cuestionará dichas medidas, debido a que se subordina a las directrices de los gobiernos en turno, y no respeta, ni hace respetar la Constitución, como debería ser su tarea.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por la importante tarea que les corresponde, deberían estar mejor capacitados para la toma de sus decisiones, si en realidad cumplen la función que les corresponde, pues si responden a los intereses del gobierno en turno, de nada sirve mejorar su formación profesional. Si en realidad fueran serios con su profesión deberían conocer de economía, además de las leyes, además de la Constitución, y no justificar sin razón los cambios constitucionales que se han venido dando en los últimos años, que violentan los postulados presentes de los constitucionalistas de 1917.
El proyecto de país se ha venido desdibujando y con ello deteriorando las condiciones de vida y bienestar de las grandes mayorías del país, y debilitando el propio Estado, que se subordina más y más a los intereses del gran capital, como lo hace a su vez el Congreso de la República, y la Suprema Corte de Justicia.
Qué futuro le espera al país donde los tres poderes no tienen proyecto de Nación. La población más temprano que tarde rescatará su memoria histórica y mandará al basurero de la historia a aquellos que han traicionado los principios nacionales por los que murieron aquellos que nos dieron patria.
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El autor es profesor en la División de Estudios de Po grado de la Facultad de Economía de la UNAM
Publicado en La Jornada
