(Este texto es parte de la ponencia presentada en el Foro para la Protección de Periodistas convocado por el Congreso del Estado).
El periodista en nuestro entorno local suele enfrentar condiciones laborales adversas, en ocasiones críticas y dañinas para su integridad física o moral.
No me refiero sólo a los bajos sueldos sino en términos generales a la precariedad de su situación laboral que cada vez es más desventajosa y hoy se considera como un hecho “normal” gracias, entre otras causas, a la oprobiosa Reforma Laboral que aprobaron diputados y senadores.
Las jornadas de más de ocho horas, o a “deshoras”, los despidos injustificados ante cualquier pretexto o mínimo error por parte del periodista, como cuando sus notas hacen sentirse ofendido a un amigo del patrón, las relaciones por contrato o tipo “free lance”, con las cuales el empleador se siente protegido para no otorgar prestaciones de ley, forman parte de la realidad diaria que se vive en algunos medios de comunicación.
Incluso en este tiempo, señalaba una colega, aún se da el despido de reporteras por embarazo.
Agregamos a esta lista los casos lamentables que ocurren en nuestro entorno local cuando se castiga a reporteros y reporteras “sentándolos en un rincón”, es decir, se les retira temporalmente de sus actividades laborales pero deben permanecer en la sala de redacción inactivos, como una manera de denigrarlos a la vista de los demás compañeros, es decir, como escarmiento y enseñanza para los demás.
Otra agresión frecuente contra los reporteros es la alteración de sus notas para adecuarlas a los intereses de la empresa y sin retirar el crédito del redactor(a), por lo que éste debe enfrentar represalias o reclamos cuando lo informado ofende a la fuente.
Y qué decir de los casos donde el reportero es obligado a vender la información a las fuentes, a condicionar la publicación de la nota a cambio de un pago por publicidad.
En este aspecto, centro de muchas críticas a los periodistas, sucede algo muy parecido al dicho según el cual lo que en el rico es fiesta y convicencia social, en el pobre es borrachera. Entre nosotros, cuando un trato económico es directo entre la empresa y la fuente se le llama “convenio publicitario”; cuando el arreglo en con el reportero, se le conoce como “chayote”.
Al respecto quiero mencionar la hipocresía de algunos medios que presumen de tener un “código de ética” que supuestamente guía su labor editorial y lo exhiben de manera ostentosa ante los lectores, mientras en su interior pisotean los derechos más elementales de sus trabajadores.
Enfrentar y reducir este tipo de agresiones contra el ejercicio periodístico en Sonora debe ser una ocupación central de la Comisión Estatal para la Protección de los Periodistas que pretende crear el Congreso local. La agresión física es excepcional, la laboral es permanente. No puede limitarse el tema como un asunto exclusivo de las leyes y de los órganos de gobierno dedicados a la conciliación y el arbitraje.
La Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y los Periodistas, que en el Artículo 24, Capítulo VI. Solicitud de Protección, Evaluación y Determinación del Riesgo, expone que las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, sicológica, moral o económica de la persona defensora de derechos humanos o periodista.
Otras variantes del tema que nos ocupa son por supuesto las relaciones entre el periodista y el poder público. Como se ha dicho el primer obligado a aplicar y hacer respetar la leyes es el Estado, y paradójicamente el Estado es el principal acusado de violentar los derechos de periodistas y medios de comunicación.
En la larga historia de las agresiones físicas a los periodistas, casi la totalidad de los casos involucra como culpables a funcionarios públicos, y en tiempos recientes, a los funcionarios en complicidad con la delincuencia organizada. En años recientes también hemos visto ataques a las instalaciones de medios de comunicación, veto publicitario a los críticos y campañas desde otros medios. En esos casos es evidente la implicación de intereses políticos.
Otro caso frecuente en el contexto regional son las agresiones físicas y verbales dirigidas por elementos de los cuerpos policiacos contra reporteros que cubren la fuente. La inexistencia o desconocimiento del protocolo para la custodia de cadena y el desinterés de las autoridades, son factores que continúan propiciando este tipo de agresiones contra los reporteros que asisten a la escena del crimen.
La Comisión propuesta deberá enfocarse también al incremento de las agresiones contra periodistas que publican en medios digitales, en forma especial las que se expresan en la sección de comentarios al pie de cada nota. El anonimato que favorece la estructura técnica de estos medios no debe ser motivo para ignorar las injurias y difamación de la que son objeto los redactores cuando el medio permite este tipo de ataques.
Quienes trabajamos en medios on line independientes de bajo presupuesto, enfrentamos un tipo de agresión que debe ser considerado también entre las tareas de la futura Comisión. Me refiero al sabotaje técnico o “hackeo” contra estos medios cuya modestia económica les impide enfrentar dichos ataques pues se requiere a veces asesoría técnica que tiene un alto costo. Acudir a la policía digital es una opción, pero las “patrullas” y agentes de esa policía no están a la vuelta de la esquina, ni siquiera en las delegaciones regionales de la Policía Federal. La Comisión deberá tener el apoyo de técnicos para contrarrestar estos ataques.
En resumen, el gremio periodístico en nuestra región se verá favorecido en caso de crearse la nueva Comisión si ésta no limita su actuación a los casos excepcionales de violencia física y amplía su influencia a la defensa de la dignidad laboral y profesional de los periodistas. Reconozco lo complicado que en primea instancia puede resultar esta tarea pues sería vista con recelo por parte de algunas empresas, pero lo que propongo no es la creación de sindicatos (eso es otro tema) sino enriquecer la profesionalización de los periodistas, lo que a la postre beneficiará a las propias empresas y en general a la sociedad informada.
La tarea no es exclusiva de una Comisión como la que se propone, pues antes debe ser asumida por los propios periodistas mediante la creación de organizaciones como las barras de abogados o los colegios profesionales que en situaciones de emergencia defienden la integridad ética y moral de sus miembros.
La revisión de esta problemática y las propuestas para enfrentarla demanda sin duda más tiempo para su análisis, más tiempo que los dos o tres días que nos dieron para conocer y revisar la presente convocatoria.
Aprovecho finalmente para sugerir que a la par de una Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas y Medios de Comunicación, debe considerarse también la creación de la figura del ombudsman u ombudswoman para la defensa del público de los medios de comunicación, un tema pendiente en nuestro entorno y que merece una reflexión aparte.
