Desde la óptica de la moral, la traición es un disvalor. Desde la óptica de la política, "la traición es una necesidad imperiosa en los Estados democráticos desarrollados"*.
Plantear el asunto encuentra justificación por una razón coyuntural y una estructural que obligan a considerar si no es tiempo de que el presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe de Estado, traicione al régimen que lo encumbró en el poder.
La razón coyuntural: las acciones y medidas para contener la crisis de credibilidad que afecta al régimen, lejos de atemperarla, la profundizan. La razón estructural: el país arrastra desde hace casi medio siglo una serie de crisis cíclicas -en el plazo corto, si se quiere, casi un cuarto de siglo- que vulneran su desarrollo. Calamidades políticas o económicas, a veces, combinadas, de las cuales se repone sólo para caer de nuevo. Hoy, como en 1994, el país afronta una crisis de crisis: política, económica y social, pero con un añadido criminal y, en algunas regiones o sectores, con tinte insurreccional.
Si el gobierno y los tres principales partidos apostaron a la sobrevivencia del régimen a partir de un acuerdo limitado, como lo fue el Pacto por México, y éste les estalló hasta fracturarlos y hundirlos en un profundo descreimiento, no está de más ponderar si no es hora de traicionar ese régimen y replantear los fundamentos del Estado.
Desde el ejercicio del poder, el asunto demanda arrestos para romper con el andamiaje del régimen y sacrificar a aliados así como a quienes se tenían por herederos naturales de un supuesto imperio que, hoy, se desmorona.
Asediado desde dentro y desde fuera por las antípodas de los intereses afectados con las reformas que constituyeron el eje del proyecto de gobierno, entrampado por sus propios errores y desprovisto del apoyo de las dirigencias opositoras con las que originalmente pactó, el presidente de la República está obligado a privilegiar su condición de jefe de Estado. Ello porque está en juego no sólo el gobierno, sino el Estado mismo.
Agravan la circunstancia cuatro factores clave: uno, las acciones y medidas adoptadas ante la crisis no arrojan el resultado previsto; dos, los tres principales partidos están quebrados; tres, los sectores más activos de la sociedad, del lado del capital y del trabajo, están radicalizando su postura en defensa de sus privilegios y los sectores más activos de la sociedad, empeñados en establecer condiciones de igualdad y competencia, se advierten desarticulados; y, cuatro, viene una elección federal acompañada de diecisiete procesos estatales, nueve de ellos con relevo en la gubernatura, bajo la conducción -lo que faltaba- de un órgano mal diseñado y cuyo funcionamiento está en prueba.
De la presión del tiempo, mejor ni hablar.
Reiterar que, a excepción de 2000, desde 1968 el país pasa de una crisis a otra ni sentido tiene.
El cierre de los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón ha sido terrible para el país. Cuando la crisis no ha tenido un carácter político, lo ha tenido económico y el país, hace ya veinte años (1994), sufrió y probó lo que es una crisis combinada: política, económica y social. Más vale no olvidar aquel año terrible, donde los magnicidios colmaron el desastre.
A diferencia de aquella crisis colosal, la de hoy agrega ingredientes criminales e insurreccionales con manifiestas expresiones de violencia o, bien, con brutales golpes por debajo de la mesa y una singularidad: se expresa no al término, sino apenas al primer tercio del sexenio. Poco menos de cuatro años le quedan a la actual gestión y, de seguir por donde va, es de pronóstico reservado su conclusión.
(En todo esto, no está de más recordar la deuda de Acción Nacional con el país. El presidente Vicente Fox, postulado por ese partido, renunció a hacer de la alternancia política, la alternativa de la nación; y el presidente Felipe Calderón, postulado por ese partido, renunció a la política para animar la violencia que, desde hace años, sangra al país. El primero hizo de la alternancia, un turno en la corrupción; el segundo de "la guerra sucia" electoral, el combate al crimen que, sin estrategia, dejó por saldo millares de muertos y de desaparecidos. Si Acción Nacional no quiso cuando pudo, es un insulto venir ahora con un spot diciendo: "claro que podemos").
Desmontar o traicionar el régimen que encumbró a un mandatario en el poder puede parecer suicida o descabellado, pero es el recurso que le resta al presidente Enrique Peña Nieto y fue -siguiendo el libro de Jeambar y Roucaute- del que echaron mano Mijaíl Gorbachov, Felipe González y François Mitterrand: tras ascender al poder a través de una estructura, en la cima se encargaron de desmantelarla a fin de transformar el Estado que jefaturaron.
En México, está demostrado a plenitud que las reformas ensayadas a lo largo de casi medio siglo (1968) han sido insuficientes para emparejar el terreno en el campo de la competencia política y económica, y el de la igualdad social. Mérito aparte de algunas de ellas, en su conjunto han resultado insuficientes para crear una atmósfera de certidumbre jurídica, política, económica y social, y darle perspectiva al país.
Coyunturalmente, los remedios aplicados durante los últimos cinco meses ante la impunidad y la pusilanimidad exhibidas como botón de muestra por el caso Iguala y los recursos ensayados frente al manifiesto conflicto de interés en que incurrieron el propio presidente Enrique Peña Nieto y su estratega Luis Videgaray, responsable de las finanzas públicas, al recibir beneficios de parte de un contratista privilegiado por los gobiernos donde ellos han participado, profundizan su complicada situación. Cada día se abre un nuevo flanco.
Cuentan como nunca los días, y no son muchos los días que hay.
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* Denis Jeambar e Yves Roucaute, El elogio de la traición: sobre el arte de gobernar por medio de la negación, Gedisa, 2008.
