Carlos MONCADA OCHOA
Lo que se ha descubierto en Nogales apenas es la puntita del iceberg. Pero es la evidencia de que Guillermo Padrés está dispuesto a darle en la torre (en la madre), para ser claros) a las elecciones de junio.
En la sesión del Consejo Municipal Electoral de aquella ciudad se denunció que el representante del PAN es hermano de una consejera y padre de un consejero suplente. Tres panistas de la familia en la misma organización.
Sergio Adrián Ulloa Carpena, representante del PAN, es hermano de la consejera María Graciela Ulloa Carpena y padre del consejero suplente de Adrián Ulloa Saavedra. La Ley, desde luego, prohíbe expresamente que en los organismos electorales concurran parientes consanguíneos. Era para que, de inmediato, el presidente del Consejo Municipal Electoral, Miguel Ángel Guzmán Orozco, solicitara la licencia de la consejera o, de preferencia, del suplente y del representante del PAN. No lo hizo. Se limitó turnar el escrito de protesta al Instituto Estatal Electoral en Hermosillo donde probablemente se permitirá la violación de la Ley porque los cuatro consejeros al servicio de Padrés tienen en un puño al organismo.
El IEE supuestamente revisó las listas de los integrantes de los consejos municipales. Es inadmisible que se haya pasado a los consejeros la repetición de los mismos apellidos en un consejo.
No se ha informado aún a la opinión pública qué arreglos se han hecho al Padrón Electoral, si alguno han hecho, que tiene enlistados nombres de individuos que no existen o que ya se murieron. Y sepa Dios cuántas otras trampas pequeñas, regulares y grandes, ha preparado el gobernador Padrés para echar abajo las elecciones. No quiere ir a la cárcel y piensa que podría escapar en el desorden o tal vez lograr el nombramiento de un gobernador interino afín a sus corruptelas.
Es bueno conocer estas ilegalidades, presionar para que se corrijan y estar preparados para lo peor.
Desaparecer la Secretaría de Comunicación, ¡estupendo!
Comienzan a desgranarse, del árbol de los diez ejes por Sonora estipulado por Claudia Pavlovich, las propuestas concretas. Hallamos estupendas las dos primeras que llegan a conocimiento de este columnista. Una consiste en desaparecer la Secretaría de Comunicación Social, junto con el pegoste del departamento de Imagen.
Las Secretarías del Ejecutivo son aprobadas por el Congreso del Estado y se hallan determinadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. No recuerdo que haya pasado por ese trámite la Dirección General de Comunicación, pero se haya cubierto el requisito o se haya hecho a la brava la transformación, es absurdo que Jorge Morales, un negociante del periodismo, haya sido elevado a la categoría de Secretario, además de que es totalmente inútil la transformación.
Más adelante habrá que pensar en introducir cambios profundos en Radio Sonora y en Telemax, que no sólo han sido instrumentos de alabanza para Guillermo Padrés sino medios agresivos contra grupos y particulares disidentes.
No se requiere un gran aparato costoso para distribuir la publicidad oficial entre quienes cantan loas al gobernador y para negársela a los medios modestos y los periodistas que no se someten al que maneja los millones. Las acciones deben hablar por quienes gobiernan, no la compra de la dignidad y el chayote. Es el plausible punto de vista de la futura gobernadora.
La otra propuesta consiste en dar autonomía real a la Secretaría de la Contraloría para que denuncie, reciba denuncias y promueva sanciones a los funcionarios que se enriquecen con negocios hechos al amparo del gobierno. La señora lamentable que se hace llamar “contralora ciudadana” ha encubierto delincuentes mientras elogia, sin respeto a sí misma, al gobernador. Ha cubierto de vergüenza a tantas mujeres que anhelan dedicarse al servicio público y a los ciudadanos que esperamos que los funcionarios que delinquen sean castigados.
Bien, pues, las propuestas iniciales. Veremos las que siguen.
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