Ha sido recurrente en el discurso oficial, Presidente, Secretario de Gobernación, Secretarios de Educación federal y estatales, la defensa de los derechos de los niños. Es loable mientras no quede en discurso mediático y de estigmatización a los maestros, como los principales violadores de los derechos infantiles.
Lamentable que la garantía de los derechos humanos de todos los actores educativos no sea una política pública sistémica, permanente y evaluada en la Secretaría de Educación Pública y en las dependencias pares en las entidades federativas.
Se argumenta que los descuentos a los maestros que se manifiestan en defensa de sus derechos obedece a la violación de los derechos de los niños a una educación de calidad. Sin embargo, solo en Jalisco el mismo Secretario reconoce la existencia de mil doscientas escuelas que no cumplen con la norma de habitabilidad escolar; sabemos que hay escuelas sin directores y grupos sin maestros. ¿Estas situaciones no son violatorias de los derechos de los niños a una educación de calidad? ¿Por qué no se reconoce y se asume como responsabilidad de Estado?
Es de todos conocido que las cuotas de los padres de familia se siguen exigiendo, en el mejor de los casos para mantenimiento escolar e inclusive pagos de docentes interinos; en la mayoría de los casos, solo se exige, no se sabe para qué. ¿Estos hechos no constituyen una violación a la educación de calidad gratuita?
El Secretario de educación de Jalisco, en esta semana ha pedido disculpas a los maestros que se les adeuda su remuneración por su desempeño de interinos, promociones, recategorizaciones, bonos y otros conceptos. No hay cifra oficial ni del número de maestros que están financiando la educación ni en el estado de Jalisco ni en el país, tampoco a cuánto asciende la deuda. En Jalisco, entre el magisterio se habla de mil doscientos millones y hasta de tres mil quinientos maestros y algunos hasta con tres años de retraso.
La situación no es privativa de Jalisco, reconoció el mismo Secretario y ciertamente, los medios de comunicación registran movilizaciones magisteriales, por estos reclamos, en varias entidades del país. En Colima, el mes pasado el magisterio realizó un paro general, por suspensión del pago. Los maestros de Nayarit, se unieron al paro de los trabajadores del estado por la misma razón e incumplimiento de pago de los créditos que se descuentan por nómina y no se reportan a los acreedores. En Coahuila las pensiones de los maestros no proceden, desde hace al menos tres años, por insuficiencia en el fondo de pensiones. El recuento es ilustrativo, en los hechos podría llegar a todas las entidades. ¿Por qué la SEP, LA SEJ y las demás secretarias de educación de los estados no asumen el cumplimiento de los derechos laborales garantizados en nuestra Constitución? ¿Así como descuenta las faltas de los maestros, asumirá los intereses devengados por las remuneraciones retrasadas?
Mientras las autoridades educativas no se asuman como garante de los derechos humanos de todos los actores educativos: niños, padres de familia, docentes, administrativos y funcionarios su discurso en defensa de los derechos de los niños, encarnará en el estado mexicano como el fantasma al que tanto le temen y satanizan: el populismo y la calidad educativa en tales condiciones, se convertirá en fantasma.
