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En lugar de denunciar internacionalmente al gobierno de Donald Trump por sus ataques racistas y fascistas contra mexicanos y extranjeros, Enrique Peña Nieto prefiere trabajar con el nuevo dictador de Estados Unidos para acosar y agredir a la hermana república de Venezuela. En un acto de alta traición a los principios de solidaridad latinoamericana y de la soberanía nacional mexicana, el canciller Luis Videgaray se ha convertido en un vil lacayo de Washington y en el principal porrista de la propuesta de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de expulsar a Venezuela por su supuesto rompimiento con la Carta Democrática de la organización.
Si la Asamblea General de la OEA decide sacar a Venezuela tendría que expulsar también, y en el mismo acto, a México.
Venezuela es mucho más democrático y respetuoso a los derechos humanos que México. En el país sudamericano no asesinan periodistas ni se cometen fraudes electorales. En Venezuela no hay masacres cada seis meses ni se desaparece masivamente a estudiantes, como en los casos de Nochixtlán, Ayotzinapa, Tepic, Tlatlaya, Apatzingán, Ostula y Tanhuato. Y en Venezuela los medios privados de comunicación electrónica se lanzan día y noche, y de la manera más frontal y directa, en contra de su gobierno, mientras en México estamos sujetos a un régimen de control mediático sin parangón.
En México existe una sistemática criminalización de la protesta social y ha habido cientos de presos políticos, más que en cualquier otro país latinoamericano, durante el gobierno de Peña Nieto. Gonzalo Molina, José Manuel Mireles, Nestora Salgado, Adán Mejía, César Mendoza, Arturo Campos, Damián Gallardo, Leonel Manzano, Librado Baños, los 25 jóvenes del Frente Popular Revolucionario, los 11 estudiantes detenidos el 20 de noviembre de 2014 en el Zócalo capitalino, y numerosos defensores de la tierra en Puebla, son solamente unos cuantos de los casos más importantes durante el actual sexenio.
En Venezuela existe una vigorosa separación de poderes. La Asamblea Nacional hoy se encuentra abiertamente confrontada con Nicolás Maduro y la Constitución establece un importante cuarto poder ciudadano que cuenta con plena autonomía del Poder Ejecutivo. En contraste, en México organismos autónomos, como el INE, la CNDH y el Inai, son abiertamente cómplices con el régimen autoritario; el Pacto por México acabó hace mucho con cualquier debate parlamentario y la Suprema Corte de Justicia avala leyes abiertamente despóticas, como la ley Atenco, elaborada por los socios de Peña Nieto en el estado de México.
En México sufrimos una profunda crisis humanitaria en que los niveles de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de violencia y de inseguridad son mucho más lacerantes que en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela menos de 30 por ciento de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, mientras en México la pobreza afecta casi la mitad de la población. En México hay más de un millón de víctimas, directas e indirectas, como resultado de la militarizada guerra contra las drogas durante la década reciente y el Congreso de la Unión está a punto de aprobar una nueva ley de seguridad interior, que subordinaría totalmente las fuerzas civiles de seguridad a los militares.
El informe del 14 de marzo de Almagro, donde fundamentaría su posición en favor de expulsar a Venezuela de la OEA (disponible aquí), exagera y tuerce los hechos para Venezuela, pero aplica al pie de la letra al caso de México.
Almagro señala que el pueblo de Venezuela se enfrenta a un gobierno que ha dejado de ser responsable. La Constitución ha dejado de tener sentido. Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos. Continúa el informe con el señalamiento de que “la corrupción es generalizada y la economía va en caída libre. No hay suficiente comida; los servicios de salud son extremadamente precarios… y se ignoran los derechos civiles y políticos”. Agrega que todo ello ocurre por el interés de preservar la riqueza, el privilegio y la impunidad de quienes se aferran al poder.
Almagro después remata que debemos evitar el doble rasero y que la protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar.
El secretario general de la OEA tiene razón, pero sobre México. El gobierno de Peña Nieto se encuentra en abierta violación de los principios básicos de la democracia. Por tanto, el pueblo mexicano hoy estaría en su derecho para levantarse, pacíficamente, en exigencia de un cambio de régimen, así como organizarse para remplazar al actual gobierno despótico con un nuevo gobierno democrático durante las elecciones de 2017 y 2018.
Venezuela, como cualquier país, puede y debe mejorarse. Pero la principal preocupación del gobierno mexicano tendría que ser asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos, de ambos lados del río Grande, en lugar de apoyar los lances imperialistas de Washington contra los hermanos del sur.
