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El despido fulminante al fiscal Santiago Nieto por haber exhibido a Emilio Lozoya, el amigo del presidente, parecería la última trastada política de un régimen que en su soberbia no advierte que cava su propia tumba. Los niveles de reprobación de Peña Nieto son tan bajos que este descrédito adicional puede ser interpretado como el último clavo en el ataúd. A solo ocho meses de que los mexicanos elijamos al próximo gobierno, tal torpeza solo puede ser atribuida a la necedad suicida o al cinismo.
¿O no? Cabe una tercera posibilidad y resulta aún más terrible. La decisión de deshacerse del incómodo titular de la Fepade, la fiscalía especializada en la atención de delitos electorales, puede obedecer a un cálculo político perfectamente analizado. Si los operadores de Los Pinos consideran que vale la pena pagar la altísima factura que supone destituir al hombre que no ha tenido empacho en investigar a gobernadores y miembros del gabinete por desviar fondos a campañas, la conclusión es aterradora: no es imagen ni credibilidad lo que está buscando el PRI en las próximas elecciones sino garantizar las condiciones a modo para ganar por las buenas y por las malas.
Recordemos que Santiago Nieto había fincado procesos judiciales en contra de los gobernadores Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge por el presunto desvío de 200 millones y 300 millones, respectivamente, a las campañas de sus delfines. Son cifras modestas considerando lo que estos mandatarios han medrado a juzgar por las denuncias periodísticas. El tema no es de cantidades sino de la meticulosidad con la que este fiscal armó los expedientes. La Procuraduría se ha caracterizado por fincar investigaciones frágiles que permiten al poder político margen de maniobra para condenar a conveniencia a los altos funcionarios caídos en desgracia. Los Pinos está dispuesto a enviar a la cárcel a Duarte o a Borge, toda vez que resulta imposible salvarlos tras la exhibición de sus excesos, pero tampoco desea severidad en contra de mecenas que apoyaron las campañas del PRI por debajo de la mesa. En ese sentido, el celo de Nieto se había convertido en un incordio para el poder.
La gota que derramó el vaso fue el desliz que cometió el fiscal hace unos días cuando en una entrevista describió el contenido de una carta de Emilio Lozoya, a quien la Fepade investigaba por los sobornos que habría recibido de parte de la empresa Odebrecht en 2012, cuando fungía como coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto. La Fepade asumía que tales sobornos fueron canalizados al financiamiento ilegal de actos de campaña. En su carta, Lozoya pedía detener la investigación y una disculpa pública. Horas después de la entrevista en que Nieto da a conocer la existencia de la carta, la Procuraduría decidió cesarlo, alegando que el funcionario violó el secreto profesional al ventilar un hecho que forma parte de una investigación judicial en proceso.
La indignación generalizada que ha provocado el ostensible despido apenas disfrazado por un tecnicismo jurídico, podría llevar a preguntarse si Los Pinos no se excedió en su venganza. El problema es que no se trata de un ex abrupto rencoroso, sino una medida depurativa frente a lo que se avecina.
Al PRI le queda claro que no va ganar porque se presente con la cara supuestamente lavada en las próximas elecciones. A mi juicio apelará a una estrategia in extremis: una campaña maniquea en contra de López Obrador a una escala aún no vista: yo o la barbarie; no somos monedita de la caridad pero mantenemos al país de pie; José Antonio Meade o Andrés Manuel “Cháves-Maduro” López. Y para ello se requerirán recursos masivos muy por encima de los límites de financiamiento electoral permitidos. Las campañas negativas cuestan y cuestan mucho. Santiago Nieto no solo era una molestia, podía convertirse en el gran obstáculo para el aterrizaje impune de esta estrategia.
Y desde luego no se limita exclusivamente a un asunto de financiamiento extra legal. La Fepade es responsable de investigar la batería completa de artimañas del manual no escrito diseñado a lo largo de los años para inflar el voto. La experiencia reciente en el Edomex, en donde el PRI pudo ganar por una pestaña y gracias a las prácticas mal habidas, toleradas por autoridades electorales y fiscales subordinadas al gobierno, arrojó una moraleja obvia: el PRI solo podrá retener la presidencia con ayuda extralegal. Un fiscal de asuntos electorales autónomo y celoso de su deber dinamitaba tales posibilidades.
En suma, mejor pasar vergüenzas ahora que entregar el poder mañana. Los gobernantes no solo se están jugando la silla presidencia sino también la posibilidad de dar con sus huesos en una celda. No, no es torpeza ni soberbia. Es cálculo puro. Falta ver que dice el Senado dentro de unos días (los legisladores tienen la potestad de revertir la decisión y reinstalar a Nieto). Pero sobre todo falta ver la reacción de la sociedad, ahora y dentro de ocho meses.
@jorgezepedap
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