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No hay tiempo para preámbulos ni generalidades, por lo tanto iré directo a los temas que nos ocupan, no sin agradecer la oportunidad de traer aquí la voz de la organización nacional a la que pertenezco, integrada por pequeños y medianos productores, de ejidatarios, cooperativistas y grupos de trabajo con asiento regional en los valles del Yaqui y Mayo.
El carácter del nuevo gobierno nos da la confianza para pensar que esta consulta** no es una simulación y que ahora sí nuestras propuestas serán tomadas en cuenta para la integración del Plan Nacional de Desarrollo, y podrán convertirse eventualmente en política pública.
Ya nadie duda que el modelo económico impuesto en el campo es un fracaso, que urge instaurar nuevas formas y mecanismos para redistribuir la riqueza, y el sector agropecuario es más que propicio para ello. Tienen razón aquellos que desde nuestra región demandan que los subsidios a la producción de granos no deben desaparecer, pero a nuestro juicio, deben reorientarse.
Cuando el gobierno de la Cuarta Transformación postuló la autosuficiencia alimentaria1 como un eje estratégico de su política agropecuaria, desde la UNORCA vimos con beneplácito esta decisión porque responde a una necesidad objetiva del desarrollo y el bienestar de la sociedad rural y del país, y coincide con nuestra añeja pero no menos vigente propuesta de soberanía alimentaria.
No hace falta ni es conveniente para el país la bárbara política que nos ha convertido en importadores de alimentos. Los campesinos podemos alimentar a México. Ya lo demostramos antes del desastre causado por el libre mercado, antes de la destrucción del poder social de ejidos y comunidades. En igualdad de condiciones, el sector social es tan productivo como el privado y además representa un factor de distribución de riqueza, única forma sostenible de reactivar la economía.
Para recuperar nuestra capacidad productiva, proponemos que la autosuficiencia se extienda también a los insumos: necesitamos volver a producir nuestras propias semillas, nuestros fertilizantes, y contar con nuestros propios almacenes y centros de acopio.
No sólo necesitamos producir alimentos suficientes sino alimentos sanos y acordes con nuestra cultura. La política agroalimentaria impuesta y vigente hasta ahora, tiene una deuda enorme con la salud de la población. Bastaron dos décadas de distorsiones en la dieta mexicana tradicional para que la diabetes se convirtiera en la principal causa de muerte.
Y en nuestros valles, donde la agricultura industrial de la revolución verde ha esparcido agrotóxicos por más de medio siglo, Los cánceres se han convertido en una verdadera epidemia no reconocida oficialmente. Es un crimen que se sigan aplicando plaguicidas altamente peligrosos que ya han sido prohibidos en otros países o que forman parte de convenios internacionales firmados por el gobierno mexicano.
Por eso nuestra insistencia en promover la agroecología nunca será excesiva. Requerimos que la promoción de las prácticas ecológicas en la agricultura y la ganadería se conviertan en programa oficial, con presupuesto suficiente, para empezar ya el tránsito a formas sanas de producir alimentos, con fertilizantes orgánicos y control no tóxico de plagas. Esta necesidad ha sido reconocida incluso por la FAO.4
Con los mismos apoyos que hoy recibe la producción agropecuaria convencional, se pueden introducir los cambios graduales que no afecten rendimientos ni rentabilidad y nos garanticen una producción verdaderamente sustentable, en beneficio de las nuevas generaciones y de la salud del planeta.
En el mismo sentido, nos preocupa que los efectos del cambio climático ya están afectando nuestras cosechas y no existe una política clara de adaptación y mitigación con base en la transición a fuentes renovables de energía aplicadas a la agricultura. Algo que cumpla y vaya más allá de la demagogia y la falsedad de los compromisos internacionales firmados por las administraciones pasadas.
Para mejorar las condiciones del campo, no es necesario elaborar ni elucubrar mucho, quizás sólo basta con cumplir la ley (y algo más). Me refiero a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual tiene por objeto el mejoramiento integral del bienestar social de la población campesina y la capitalización del sector, asegurando la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
La propia ley define la soberanía alimentaria como la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.
Amigas y amigos:
En congruencia con los temas transversales sugeridos para el desarrollo de este foro, y con el propósito de contribuir a la transformación republicana en proceso
PROPONEMOS:
Para garantizar la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación:
1. Fomentar la participación del sector social en la economía rural mediante el rescate gradual de la propiedad social bajo una nueva autogestión comunitaria, basada en principios y valores de un cooperativismo de avanzada.
2. Ampliar la oferta de apoyos y subsidios gubernamentales para proyectos productivos que garanticen la autonomía en el abasto de alimentos, bienes y servicios de las comunidades rurales.
3. Fomentar el empoderamiento de mujeres indígenas y campesinas bajo formas de organización autogestionarias que muestren potencial para el desarrollo de actividades de ecoturismo, producción y comercialización de alimentos saludables, artesanías, etc.
Para avanzar en el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública:
1. Implementar acciones para despolitizar la administración pública federal, designando a funcionarios del sector agropecuario con probada vocación, capacidad e identidad con el proyecto nacionalista que se busca.
2. Con carácter de urgente, instrumentar la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y vigilar su instrumentación en todo el territorio nacional. Se trata, entre otros aspectos, de que desde lo local, los consejos de desarrollo rural participen a partir de la planeación en la asignación de recursos, así como en el seguimiento y evaluación de las agendas de innovación y los indicadores de los diversos programas federalizados.
3. Transparentar la apertura de ventanillas garantizando el acceso a toda la población rural que realmente cumpla, sin excepciones, las reglas de operación emitidas para cada programa o fondo a concursar.
Para avanzar en la consolidación territorial y el desarrollo sostenible:
1. Redefinir, desde los ámbitos de los distritos de desarrollo rural, las actuales vocaciones productivas territoriales. No es posible seguir patrones agronómicos identificados hace 50 años, que no consideran microclimas focalizados, calidad de agua y suelos, y que la práctica agronómica de traspatio demuestra que pueden orientarse a la producción-abasto de alimentos originarios de otras regiones del país y el extranjero.
2. Hacer realidad la estrategia del estado mexicano —hasta ahora fallida— del desarrollo agropecuario territorial mediante la selección de equipos técnicos multidisciplinarios, con capacidades reales, vocaciones probadas y conocimiento del medio físico de la región; para identificar conjuntamente con los productores las potencialidades para la integración económica, es decir asociatividades posibles para generar valor agregado, empleo y el consecuente arraigo en las comunidades rurales.
3. Reorientar los subsidios históricamente destinados a los productores de altos ingresos, inicialmente denominados capitalización del campo, activos productivos, etc., hacia la incorporación de energías renovables, como es el caso del aprovechamiento de la energía solar, la energía eólica, factibles para nuestra región, y aplicables en la electrificación de pozos agrícolas, y la operación de la agroindustria regional.
4. Fomentar la producción de fertilizantes orgánicos mediante la operación de agroindustrias locales que acopien y transformen, mediante biotecnologías probadas, esquilmos agrícolas, subproductos pesqueros y desechos del consumo urbano de alimentos.
5. Relanzar la investigación agropecuaria por el papel que pueden cumplir las nuevas tecnologías en el mejoramiento de la productividad, sin deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente. Las ciencias sociales, por su parte, pueden ofrecer un firme apoyo a las políticas encaminadas a una mayor equidad y un mejor acceso a los alimentos.
En suma, lograr la soberanía alimentaria ha sido la aspiración de muchos hombres y mujeres del campo y creo que este gobierno nos pone por fin en camino de lograrlo. Me atrevo a afirmar que en este propósito el gobierno de la 4 aT contará con el apoyo mayoritario de la sociedad rural.
En el fondo, de lo que se trata es de cambiar el modelo de producción y consumo de alimentos. Lo único que necesitamos es actuar en beneficio del interés mayoritario de la gente.
Muchas gracias.
*Dirigente estatal y coordinador nacional de la UNORCA
**Ponencia presentada en el Foro Estatal de Consulta Ciudadana
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024
Hermosillo, 14 de marzo de 2019
