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NAMAKASIA
El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para el efecto de que se sancione con 50 años de cárcel al culpable de corrupción en el manejo de asuntos y fondos públicos; esta pena no se limita a los funcionarios sino también a los particulares culpables del ilícito. La sanción se complementa con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que resulta obvio pues si se halla en la cárcel no va a lanzarse a una campaña electoral o a procurar cargo administrativo; además, ha de devolver lo que ha robado.
El boletín que hizo circular la Dirección de Comunicación Social de la Legislatura señala que así se terminará con la corrupción.
Hace 70 años, el doctor José Jiménez Cervantes, profesor de Ética en la Prepa de la Universidad, y además director de la Penitenciaría del Estado, nos contaba a sus alumnos que antes de que el interno que había concluido su sentencia se fuera del penal, lo invitaba a platicar en su oficina. Entre otras cosas, le preguntaba en qué iba a trabajar. Uno de los que se marchaba había estado encerrado varios años por haber cultivado, procesado y vendido marihuana.
“En lo mismo que hacía antes”, le contestó al doctor. “¿Cómo? No estás consciente de que por ese grave hecho has estado encerrado”. “Pos sí, señor, estoy bien consciente; pero ahora me cuidaré más para que no me agarren”.
El que delinque se cree listo, sobre todo si es delincuente de cuello blanco y piensa, si es que piensa en ello, que podrá evadir la acción de la justicia. No hay dato estadístico de que un delito, el que me mencionen, haya disminuido a consecuencia del incremento de la sanción privativa de la libertad.
Sin embargo, no critico la dureza de la pena, los corruptos se la merecen. Observo las dificultades que habrá para demostrar sin lugar a dudas la comisión del delito, pues cuando se roba grandes cantidades de dinero en la estructura de gobierno hay muchos cómplices y cada uno tratará de entorpecer la acción de la justicia para poner a salvo a su líder. La experiencia está a la vista: el presidente López Obrador les exige cuentas a los políticos corruptos de anteriores sexenios y éstos financian, con lo que se robaron, una campaña de intensas calumnias contra el mandatario.
Es curioso que la promovente de la iniciativa haya sido la diputada Alejandra López Noriega, que fue legisladora del PAN en el trienio 2009-2012, o sea en la primera mitad del gobierno de Guillermo Padrés. Si hubiera promovido entonces esta ley y logrado su aprobación, ese gobernador panista habría sido el primero en entrar a la cárcel, lo que habría alegrado mucho a López Noriega. ¿O no?
Otra luz en la elección en Hermosillo
Cuando varios candidatos concursan por el mismo cargo, hay para los ciudadanos dos maneras se escoger: uno, por los méritos del candidato y los demás se quedan afuera; el otro, el método por eliminación, al que me atendré por lo que toca a la elección del presidente municipal de Hermosillo.
Por la candidata Célida López NO votaré. Fue el primer paso que di. Por el candidato Antonio Astiazarán, NO votaré. Y ahora sí, quedo en disposición de escoger mediante el primer método: por el que tenga más méritos. Ahí les avisaré.
carlosomoncada@gmail.com.
