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No es que no agradezca la información que mediante boletines nos manda la Cámara de Diputados, es que la relativa a leyes y decretos que interesa a cierto sector de la sociedad, no a la gran mayoría de los ciudadanos, da detalles minuciosos de sus artículos, mientras que la que concierne a situaciones realmente importantes enuncia el nombre de las iniciativas y nos quedan a deber el contenido.
Me refiero específicamente a dos que promueve el gobernador del Estado y que ya se encuentran, entiendo, en poder de las comisiones dictaminadoras. En lo personal, como periodista y como abogado, me interesaría conocerlas completas para hacer crítica, no necesariamente negativa, y emitir una opinión ciudadana quizás útil cuando todavía no se aprueban en el Pleno
Una propone nada menos que reformas a la Constitución Política que nos rige, lo cual es siempre trascendente. La otra, lo anunció previamente el gobernador, va encaminada a atacar la corrupción. Ésa es una de las metas principales tanto del Presidente AMLO como del gobernador.
La Ley de responsabilidades de los servidores, aparte de ser viejita, ha sido remendada en diversas ocasiones. Pero ya no funciona. Deja rendijas que los malos funcionarios amplían para meter las manos al presupuesto y hacer negocios al amparo de su investidura oficial.
Se nos ha adelantado que se reglamentarán los sueldos de los funcionarios, que se concretarán sanciones que a la fecha no han pasado de sustos y que los organismos autónomos, sin que dejen de serlo, se someterán a mayor vigilancia.
Son, pues, estupendos temas los que se manejan en el campo legislativo en estos días. Ojalá puedan los diputados encontrar la manera de ampliar la información.
TENEMOS OMBUDSMAN
Ayer fue designado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cumplieron así los diputados con el plazo fijado. No les aplaudo, aunque en las primeras noticias los reporteros parecen maravillados de que el elegido haya hecho tantos estudios; porque nunca les perdonaré el susto que nos dieron a incluir en la cuarteta de finalistas al licenciado Octavio Grijalva Vásquez, defensor de un asesino que mató a una estudiante de 22 años “con alevosía, traición y brutal ferocidad”, según consta en la consignación hecha por el Agente del Ministerio Público.
Mediante una sucia conspiración de funcionarios, jueces y abogados, hicieron que el juez de lo Penal cambiara de homicidio calificado a homicidio simple, es decir, de una posible sentencia de 50 años de cárcel a una de 8 con posibilidad de quedar pronto en libertad condicional. Esto pasó hace 9 años. Ojalá que en ese lapso no haya matado a otra mujer aquel tipo.
El episodio está narrado en mi libro “Asalto a Sonora. Curso intensivo de corrupción”, páginas 69 y 70. Es deseable que los diputados se pongan al corriente de lo que ha sucedido en Sonora para que apliquen criterios correctos.
carlosomoncada@gmail.com
