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Es obligación del Presidente de la República, por mandamiento consagrado en la Constitución Mexicana, someterse a votación para que los ciudadanos decidan si se le ratifica en el cargo máximo de la Nación o se le revoca el mandato y lo mandan a volar.
Si es obligación la del Presidente, de manera concomitante es obligación de los ciudadanos hacer lo conducente, es decir, votar para que se cumpla en cualquiera de los dos sentidos lo que exige la norma.
Enemigos de AMLO opinan que el proceso de votación es inútil porque consideran evidente, desde ahora, que ganaremos los que deseamos que se le confirme en el cargo. Y aunque parezca extraño, hay fervientes partidarios del Presidente que sienten que no es necesario ir a votar porque saben que el pueblo lo apoya. Pero la obligación de votar no depende de las opiniones, ha de cumplirse porque no sería legal actuar conforme lo que muchos se imaginan que será el resultado.
En ese caso, no habría elecciones de ninguna índole y los cargos públicos se asignarían de acuerdo con la apreciación de las preferencias de la gente de ningún modo confiables. Esta columna exhorta a votar, acto sencillo y trascendental que implica respeto a la Constitución.
DE paso dejo la observación de que la certeza con que me expreso sobre el triunfo de ALMO no sólo se basan en sus cualidades de gobernante, sino también, y sobre todo, en el temor de la gente de que pudieran volver los corruptos políticos que se fueron.
LA REFORMA ELECTORAL, UNA ESPERANZA
Escribe la señora Ana María Salazar, especialista en cuestiones internacionales, que ya descubrió “la trampa” de AMLO para controlar el país: cambiar el método para elegir a los miembros del Instituto Nacional Electoral mediante una reforma constitucional. ¿Desde cuándo constituye una trampa acudir a los medios que ofrece la Constitución para modificar los procedimientos en cualquier campo de la actividad ciudadana?
Sacar adelante la reforma implica la convergencia del mayor número de voluntades manifestadas libremente, en el marco de una reglamentación conocida y respetada, de los legisladores facultados por la propia Constitución para votar.
La trampa verdadera la comete en realidad la señora Salazar al limitar su enfoque al cambio del procedimiento que incidirá en el INE, porque abarca también otros aspectos de gran importancia, entre ellos, uno que ha sido anhelo de la inmensa mayoría de la gente desde hace decenios: la eliminación, o al menos la reducción, de los diputados y senadores de mayoría relativa. No sólo se trata del gasto monstruoso que genera la presencia de legisladores no avalados por el voto de los ciudadanos, sino el estorbo en que se han convertido para el desarrollo de la democracia.
Vamos a ir analizando por partes la propuesta presidencial para convencer a los lectores, en lugar de engañarlos como lo hace la dama citada.
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