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En 1991 quedó claro que el Consejo Universitario era la fuente del desorden financiero y laboral que frenaba a la Universidad y que era urgente decretar una Ley que hiciera cambios radicales, entre ellos, la eliminación de ese Consejo. Había llegado al extremo de tomar acuerdos contrarios a la Ley Orgánica vigente (pedir ejemplos de ello a quien más los sufrió, el rector Marco Antonio Valencia).
Pues el proyecto de nueva Ley hace resucitar al Consejo Universitario, con todo y la facultad de elegir rector que entonces tenía, aunque ahora le da otro nombre: Colegio Universitario. ¿Será suficiente el cambio de nombre para evitar los graves errores del pasado?
La Junta de Gobierno desaparece pero no desaparece. Aunque le pasó al Consejo Universitario, perdón, al Colegio Universitario, la facultad de elegir rector cambia de nombre a Consejo de Gobierno y conserva la muy importante facultad de presentar al Colegio la terna de candidatos para que se elija al Rector. Pero el proyecto de Ley copia a la Ley 4 por cuanto que fija en 14 el número de quienes integrarán ese Consejo de Gobierno, con la única diferencia de que hasta hoy eran 6 académicos en ejercicio y 8 externos y en el futuro serán siete y siete.
En la Ley 4 se dispuso que al entrar en vigor, el Congreso del Estado, por única vez, nombrara a los miembros de la Junta de Gobierno, y el proyecto dispone lo mismo (¡copiones!)..
La Ley 4 dispuso que era necesario nombrar tres vicerrectores para cada una de las unidades regionales de la Uni. El proyecto suprime los vicerrectores pero ordena que haya “una persona titular” para cada uno de los ocho campus de la Universidad. En otras palabras, se suprimen los vicerrectores aunque de hecho habrá ocho, uno para cada campus, y no se llamarán vicerrectores.
Los departamentos que nacieron con el rector Roberto Reynoso Dávila pasarán a ser Facultares Interdisciplinarias. No sé qué ventaja tendrá esto, pero reconozco que la nueva denominación se oye suave.
Las versiones del gobierno difunden una falsedad: que todos los universitarios apoyan el proyecto. En la rueda de prensa del miércoles, la Rectora informó que el STAUS “declinó” formar parte de la comisión que llevó al cabo chorrocientas encuestas, pero no dijo el motivo. El Sindicato de Académicos no está de acuerdo en la creación del Consejo de Gobierno porque lo considera antidemocrático. (Y si hay otros motivos de desacuerdo, me los pasan por favor).
Resulta chocante que el texto del proyecto, fiel a la gramática sexista, en lugar de “rector” llame a éste, tomando en cuenta que podría ser, como ya lo es, mujer, “persona titular de la Rectoría”. Y lo mismo hace al mencionar la titularidad de otros cargos. En fin, las cartas están echadas. Es el turno de los diputados.
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