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En solidaridad con Rosendo Arrayales por su lucha persistente y congruente.
"Ojo por ojo y el mundo quedará ciego". Gandhi
En las primeras horas de ese domingo decembrino de 1999, un grupo de oficiales del gobierno municipal desmantelaron y retiraron las casetas instaladas una noche antes alrededor del Mercajeme.
Al día siguiente, el alcalde Javier Lamarque encabezó un evento cívico en la plaza Alvaro Obregón y cuando caminaba rumbo a palacio municipal, fue perseguido a empujones por un grupo inconforme de locatarios.
Un breve y ríspido diálogo se registró en oficinas del segundo piso, que fue zanjado con un frase que le espetó el entonces alcalde perredista a José Esparza Garibay, quien le pedía una explicación de sus actos.
“Se actuó por una razón de autoridad”, alegó en voz alta Lamarque Cano, mientras apuntaba con el dedo índice derecho. Sus interlocutores se retiraron rumiando su frustración por la repuesta tan tajante.
Esta escena de su primera vez como alcalde contrasta con las recientes declaraciones evasivas para cumplir con su deber ante los actos vandálicos en que derivó la marcha del 8M.
La versión de que los elementos policiacos no actuaron ante la flagrancia de un grupo de jóvenes suena prudente, a la vez que incompetente porque tan vale la vida de quienes marcharon, como quienes laboraban en el edificio.
Habría que recordarle al sociólogo que despacha como alcalde que el uso legítimo de la fuerza es exclusivo de la autoridad para salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio, derechos y mantener el orden público.
Y quien ejerce un poder público jura cumplir y hacer cumplir la ley. Se les paga no para rehuir de un deber legal o cuidar una imagen pública en detrimento del ciudadano que aporta los recursos vía impuestos.
Nos quejamos con razón que no hay que normalizar la violencia, pero se le abona cuando se fomenta la impunidad o el alcalde de Cajeme va pagar con su sueldo los casi 300 mil pesos que costará la reparación del inmueble?
Más lamentable aún el proceder de quienes amagaron a los colegas Columba Chávez de Exodo y Miguel Santoyo de Megacanal, de ahí que cuestionó: ¿desde cuándo se privatizó la vía pública para impedir o condicionar una cobertura?
Eso se llama censura y es inaceptable venga de donde venga en defensa de la libertad de expresión, por lo que la autoridad está para garantizar ese derecho constitucional sin vacilaciones.
El colmo ocurre cuando quienes se asumen como víctima se convierten en victimarios inclusive de mujer contra mujer, pues su motivación no es un ánimo de justicia sino de venganza, no buscan quién lo hizo sino quien lo pague.
Con todo y lo legítimo que tiene la protesta femenil las agresiones la contaminan. ¿O las madres buscadoras, Javier Sicilia, los Lebaron, las madres de Ayotzinapa o la guardería ABC anteponen su dolor y recurren a la violencia para exigir justicia?
Qué viva México, como reza la nueva producción del cineasta Luis Estada. Y solo agregaría, pero sin simulación de las autoridades ni la confrontación estéril de sus habitantes, por ahora lo más lejano al estado de paz que tanto nos urge.
Aspiramos alcanzar la eucrasia o gobernanza, no una oclocracia estridente sin sentido que solo beneficia a los ultra y/o radicales de cualquier bando.
