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Ahora que el Presidente de la República considera la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el periodista Leo Zukermann ha planteado la cuestión sin rodeos con la pregunta que sirve de título a mi columna.
El presidente José López Portillo fue el primero que cantó las bondades de una ley que permitiera mantener bien informados a los ciudadanos de cuantos asuntos quisieran conocer sobre los funcionarios (“sujetos obligados” les llama la legislación): cómo se gasta el presupuesto, por qué se realizan determinadas inversiones, motivos de una renuncia, características de una obra pública, etc. López Portillo concluyó su sexenio sin haber logrado una mayoría convencida de su proyecto, mientras que la conducta de sus sucesores Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fue bastante fría.
Aquí, el gobernador Armando López Nogales hizo algunos esfuerzos importantes a favor de la legislación, uno de ellos un foro nacional con gran asistencia porque vino a participar Isela Vega, cuarentona pero todavía guapa.
Y ante la presión nacional, el gobernador Eduardo Bours tuvo que aceptar la creación del organismo previsto por la legislación. No obstante, se opuso a que fuera autónomo, con oficinas aparte, para evitar gastos excesivos y más burocracia, y maniobró para que el Congreso del Estado asignara las funciones de transparencia a los magistrados del Instituto Estatal Electoral. Le llovieron a Bours las críticas de los teóricos del centro del país. Y ni modo, el INAI, todavía con otro nombre, finalmente obtuvo la independencia.
Pero las primeras docenas de consultas le dieron la razón al gobernador. No las formulaban los ciudadanos, sino los periódicos, y sobre todo El Imparcial, y demandaba información sobre los sueldos de los funcionarios. En el curso de los tres lustros que siguieron no se ha sabido de la destitución, o al menos, la orden de investigar de la conducta de un funcionario sospechoso de corrupción con fundamento en la información proporcionada por el Instituto, o que haya servido para fundamentar una demanda sobre límites entre terrenos o confusión en la propiedad de inmuebles, etc.
En cambio han sido numerosas las respuestas negativas porque el sujeto obligado no cuenta con la información, la hay pero permanece inédita, protegida por una declaración de “Reservada”, dictaminada por el propio organismo. Casos más notables, en los tiempos de Guillermo Padrés.
Total, que habrá servido alguna vez el Instituto en casos de escasa trascendencia, pero es evidente qe se puede prescindir de él,. Por añadidura, tal vez con alguna excepción (que no conozco), no hay base para afirmar que ha tenido vocales ejemplares, teóricos brillantes, juristas innovadores. Si acaso, algunos que cultivaron la habilidad de eternizarse en su puesto.
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