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El abogado sigue sufriendo un sistema judicial con el cual peleó ayudando a decenas de personas y denunciando los atropellos cometidos en casos legales hechos con negligencia, abuso de autoridad y violación del derecho.
Está en espera de la ratificación o anulación de la vinculación a proceso en el tribunal de alzada de Hermosillo, que lo tiene de forma absurda en prisión preventiva desde hace tres meses.
Le han negado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva cuando los hechos por lo que lo imputan tienen carácter de delito patrimonial o sea se debe resolver reparando el daño pagando fianza en garantía en espera de la sentencia.
La prisión preventiva tiene un listado en el Código Nacional de Procedimientos Penales donde las faltas penales que le endilgan no aparecen en tal cuadro.
Homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, robo de casa, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción con enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas, delitos con armas y explosivos, en contra de la seguridad de la nación o el libre desarrollo de la personalidad, y la salud.
A Florentino lo imputan de despojo y amenazas, y las tres entrevistas que usaron para detenerlo fueron hechas el 8 de septiembre de 2023, cuando las carpetas de investigación son del año 2018 y 2019, cinco años antes. Hay prescripción y no hay elementos jurídicos constitutivos del delito para responsabilizarlo, ya que tanto el predio del que lo acusan de despojo tiene escritura a su nombre, como el otro delito de abigeato, en donde él fue el abogado de dos mujeres que las acusaron indebidamente de robarse unas vacas perdidas.
Todos los demás delitos que no aparecen en ese listado, deben justificar la prisión preventiva con causas lógicas y comprobadas y son una excepción.
Por eso es una violación de la Constitución y de todo el estado de derecho que lo tengan en la cárcel a Florentino o a cualquier procesado que no cumpla con estos requisitos.
La justificación judicial para determinar prisión preventiva es a criterio de un juez con argumentos lógicos y se debe principalmente para evitar que funcionarios corruptos detenidos por enriquecimiento ilícito, puedan fugarse al tener mucho dinero y “sustraerse a la justicia”, pero en el caso de Florentino Vázquez Borja no se debe a eso, ni es funcionario, ni es corrupto y no ha cometido nunca un delito anteriormente.
Al contrario los que probablemente están cometiendo un delito de abuso de autoridad y contra la administración y procuración de justicia, son los titulares de los órganos judiciales y de la Fiscalia, por esto darle prisión al abogado, es un acto ordenado por el fiscal Gustavo Rómulo Salas para someterlo, apoyado por Rafael Acuña presidente del poder judicial y por jueces corruptos.
En Sonora, hay un régimen legal abusivo y tremendamente politizado, que genera impunidad en miles de casos principalmente centenas de homicidios, pero a cambio increíblemente hay grandes ilegalidades como la que sufre Florentino.
