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López Obrador presenta su iniciativa de reforma a la Constitución entre ellas cambiar al poder judicial federal, pero ¿qué sucede en el ámbito local en Sonora?
Cuando se votó por fin por el cambio de un partido que gobernó 12 sexenios, casi 500 mil votantes confiaron en una transformación de fondo prometida, porque así el candidato principal Alfonso Durazo lo ofertó para obtener el cargo.
Pero al contrario, lo que está ocurriendo en Sonora es una regresión todavía peor que lo que había con el régimen caduco imperante de 1952 a 2021.
Los actos y omisiones de esta regresión exhiben al actual gobierno que teminará su sexenio, si no hay una causa mayor que lo impida, en septiembre de 2027, son los siguientes:
1.- La enorme violencia en el Estado de Sonora, en donde no hay ley ni protección contra balaceras y matazones, además de un estado de shock por narcotráfico y delincuencia, y en la concepción del gobierno es que mientras bajen las ejecuciones ellos pueden seguir gobernando, algo terrífico y que en lugar de ser suspendidos o revocados de sus cargos, deben seguir en una gobernanza de la impunidad.
2.- No hay Estado de Derecho por que no se aplica la ley en organismos judiciales civiles ni penales, y no hay una institución confiable fiscalizadora de justicia. El poder judicial del Estado de Sonora es un poder ilegítimo y mancillado por la ineficiencia y corrupción.
3.- No hay variación en el eje vertebral del funcionamiento de un régimen político que es el mismo régimen antidemocrático, vertical, de exclusión ciudadana y antipopular del pasado, de autoritarismo de una persona sobre los otros dos poderes, de centralismo en la toma de decisiones y de la opresión de los ayuntamientos al mando de un gobernador. No hay reforma municipal, no hay reforma administrativa y presupuestal, no hay reforma judicial y de justicia, no hay reforma en el desarrollo de los derechos de la clase trabajadora y de los sindicatos que rompa el charrismo y el control de la gran patronal sobre la relación obrera, no hay reforma democrática y política y todas las relaciones de la sociedad política oprimen a la sociedad civil, además del estado de intervención militar en las calles del Estado de Sonora, que es regresivo en el mando civil, en derechos humanos, en movilidad y libertad. No hay un impulso de la evolución cultural del pueblo que le permita la admiración, la creación y el desarrollo personal en crítica y libertad, a causa de la mediocridad de la baja cultura mediática de los intereses comerciales y de control mental.
4.- No hay crecimiento de la economía popular, del ingreso de la mayoria pobre, dominando los acuerdos con la ganancia capitalista por encima del ingreso de los trabajadores y del mercado popular, no se impulsa a la pequeña y mediana empresa, y si engañan con que el gobierno impulsa a las inversiones que supuestamente generan puestos laborales, cuando no hay infraestructura de servicios públicos ni son eficientes, no sirve el transporte y no hay vivienda suficiente para los trabajadores.
5.- No hay crecimiento productivo en la agricultura, ganadería mediana y pequeña, pesca, y otras actividades primarias, no hay impulso a la sustentabilidad, se acaba el agua, se destruye el suelo y el cielo, las costas y los bosques, se saquean las minas y se contaminan mantos, hay grave contaminación y hay mucho cáncer en la población.
Y por si fueran pocos estos cinco puntos de la involución, el ostracismo y manipulación para mantener el poder público es descarado ante la falta de democracia, verticalidad y manipulación de los secuestradores del cambio político y del partido Morena y sus aliados, los pactos con arribistas, el control del jefe del partido que es preponderantemente el actual gobernador es una grave involución antidemocrática al entregar o vender candidaturas a ex priistas, expanistas o poderes fácticos, y está explotando la buena voluntad de la gente del pueblo que no se ha desengañado.
Hacer pactos con expriístas o con charros sindicales de la CTM es un acto de alta traición a las bases de Morena y de sus principios. Entregar nuevas candidaturas ya de por si a mediocres diputados o funcionarios del gobernador, Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, y ahora a Dolores del Rio, a Célida López, a Anabel Acosta, Karina Zarate, David Figueroa o a reelectos como Pollo Castelo, Ernestina Castro, Jacob Mendoza o Javier Lamarque es una puñalada trapera al buen criterio y a la razón de “los protagonistas del cambio verdadero”.
Otra cosa que se copia del pasado es el pago de facturas a difusores de medios “de comunicación” algunos con millones de pesos, principalmente grandes medios como El Imparcial, Televisa, Telemax, Expreso, y grandes cadenas radiofusoras, dándole la espalda a los métodos de asambleas informativas y de participación popular.
Otro aspecto reprobable es la reacción represiva contra movimientos sociales, personas que reclaman desatención, voces críticas o activistas sociales. El caso de la injusticia que se comete contra Florentino Vázquez Borja es patética porque de forma represiva lo tienen en prisión preventiva que va para cinco meses, violentando la ley obedeciendo jueces y agentes ministeriales, una orden del mismo gobernador que lo tiene como preso político.
La marginación de periodistas que casi ya no existen en Sonora, que se atreven a hacer trabajos críticos, de denuncia y reportajes bien sustentados o de mensaje contra el mal gobierno, deben ser segregados de los 200 millones de pesos del presupuesto destinado a la publicidad gubernamental que privilegia la adulación, la frivolidad, y el silencio y no solo eso los periodistas críticos, deben ser atacados con la difamación o con el golpeteo a sus espaldas, de su trabajo.
Decenas de personas que se atreven a gritar en palacio estatal o hacer escritos reclamando justicia son manipuladas, desviadas y en ocasiones reprimidas para que dejen de hacerlo, asi lo han hecho contra trabajadores despedidos, concesionarios, madres buscadoras y que han sufrido el atropello de las policias, etcétera y no hallan justicia.
Amén del caso de este oprime teclas que me detuvieron abusivamente 10 elementos de la AMIC, a pesar de oficios de la Secretaria de Gobernación enviados al mismo gobernador y a la Fiscalía del Estado, para que me protegieran y no para que me intimidaran.
Un régimen de Durazo en franca involución.
