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La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Amnistía y el texto fue enviado al jefe del Ejecutivo para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Cumplido este requisito, entrará en vigor.
La reforma esencial, que provocó encendida polémica entre los legisladores, fue el precepto que autoriza al Presidente a devolver la libertad a cualquier individuo en prisión, aunque haya incurrido en delitos graves, si proporciona información que haga posible esclarecer casos muy relevantes.
Un periódico de oposición, de los que pintan de negro todas las acciones y las declaraciones de López Obrador, informó que éste podrá dejar libre “al que quiera”. Intenta que imaginemos al Presidente en el patio de una penitenciaría, rodeado de delincuentes, y que va dictando a un ayudante: “A ese güerito y aquel gordo de bigote, que los dejen libres, tienen aire simpático”.
Adulteran la noticia al ocultar que para que opere el indulto deberá proporcionar el candidato al indulto la información necesaria para atrapar a una banda de mafiosos, a asesinos prófugos, o para desentrañar un caso muy grave que ha permanecido en el misterio. Es obvio que no se dejará libre al informante sólo porque hable, habrá que corroborar la validez y la utilidad de la información.
Tal vez habrá diputados imbéciles que crean que el criminal que obtenga la libertad volverá a la calle a cometer nuevos delitos. El Estado tendrá que vigilarlo para asegurarse de que no regresa a las andadas y también, y esto es importante, para cuidarlo de los atentados que para vengarse prepararan los denunciados. La adulteración intencional de las noticias con fines políticos debería considerarse también delito. Se les podría castigar de manera sencilla: negando a los medios la entrada a nuestros hogares.
VIOLACIÓN DE HACE AÑOS
El Departamento de Estado de los gringos respondió al señalamiento de AMLO de que el gobierno de por allá viola el Derecho Internacional al calificar las relaciones entre los poderes de México. Sin que se les llame, opinan que la crítica a los errores de individuos miembros del Poder Judicial es atentatoria de los derechos humanos.
La respuesta del Departamento de Estado es irresponsable o tonta o cínica, o las tres cosas a la vez pues presenta como justificante la confesión de que “hace décadas que hacemos esto”. Es cierto. Hace décadas violan el Derecho Internacional con su intervencionismo.
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