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El futuro de México con la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador le regaló un anticipo a quienes la apoyan ciegamente, proyectando con el caso penal del exgobernador de Chihuahua Javier Corral lo que sería: si eres parte del régimen obradorista la justicia se puede torcer. Si la autoridad viola la ley para salvar de la cárcel a uno de los suyos, puede hacerlo por las buenas y por las malas porque los jueces y magistrados a su servicio avalarán las arbitrariedades. La justicia será discrecional y dependerá de razones políticas, y no de la ley.
Corral, panista de toda la vida, hizo lo que muchos políticos mexicanos cuando sienten que sus posibilidades para seguir avanzando no responden a sus expectativas, cambian de bando sin importar qué tan lejos estaban de la nueva franquicia que quieren que los abrigue. Corral, que militó en el PAN durante 41 años, renunció al partido en noviembre pasado y se sumó al movimiento de López Obrador. El Presidente lo recibió con los brazos abiertos –aunque no confía mucho en él– y se lo mandó a Sheinbaum, a quien se le metió y le propuso una fiscalía anticorrupción.
El brinco de Corral se dio tras una lucha fratricida con Maru Campos, a quien trató sin éxito de meterla a la cárcel para evitar que fuera candidata a la gubernatura. Conforme avanzó el nuevo gobierno se supo por qué quería evitar que lo sucediera. La Fiscalía General y la Anticorrupción estatales le abrieron una docena de investigaciones por denuncias de corrupción y tortura, junto con otras a 16 de sus colaboradores, entre los que estaban los secretarios de Hacienda, Salud, el fiscal Anticorrupción y su director de Comunicación Social, que apenas esta semana proporcionó detalles a la prensa estatal de la corrupción de su exjefe.
No importó ese pasado. López Obrador lo arropó y ordenó que lo hicieran candidato al Senado. Sheinbaum lo iba a nombrar en la fiscalía anticorrupción, pero al final no se hizo y Corral prefirió el fuero. Lo que no se frenó fue el proceso penal en Chihuahua, que aceleró la Fiscalía Anticorrupción antes de que la puerta al fuero que le abrieron las urnas se concretara al iniciar la próxima legislatura, en dos semanas.
Este miércoles, elementos de la Fiscalía Anticorrupción intentaron detenerlo en un restaurante de la Ciudad de México, con lo que inició un momento oscuro en la vida pública del país donde predominó la política y la protección a los suyos, el desaseo jurídico y la impunidad, el cinismo oficial y la protección obradorista para Corral.
Elementos de la fiscalía de Chihuahua estaban a punto de detenerlo cuando se apersonó Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que rescató a Corral. Lara dijo a los fiscales que estaban violando la ley porque si bien habían pedido la colaboración de las autoridades capitalinas, no se las habían respondido. Lara ha rechazado su acción como ‘rescate’ y dijo que llegó al restaurante “con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia”. En ese mismo momento concluyó que era ilegal. Pero según un oficio del 9 de agosto, la subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la fiscalía capitalina, Brenda Cruz Ibarra, autorizó a seis funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que pudieran cumplimentar la orden de aprehensión contra Corral por peculado entre el 14 y el 20 de agosto. O no sabía Lara lo que sucede en la fiscalía –algo poco probable porque los casos de alto impacto nunca dejan de comunicarse a los titulares– o es un mentiroso. En cualquier caso, probablemente violó la ley.
Pero esto no le importa. El oficio autorizando la aprehensión de Corral se hizo público el miércoles y el jueves siguió diciendo que no existía. Lara hizo caso omiso del convenio de colaboración y personalmente fue a liberar a Corral, y le facilitó los trámites en el Ministerio Público para que presentara una denuncia en contra de la gobernadora y del fiscal Luis Abelardo Valenzuela por haber ordenado una acción autorizada por un juez en Chihuahua.
Corral escaló su caso al estadio político respaldado por López Obrador, quien reiteró este jueves que se trataba de un diferendo entre el exgobernador y Campos, asumiendo completamente que es inocente y víctima de una venganza, sin cuidado de que pudiera ser culpable de algunos de los delitos que le imputan, y sin decir, como en otros casos, que hay que dejar que decida un juez. El Presidente emitió su veredicto: inocente, y mandaron a su funcional fusible Lara a ensuciarse las manos mientras empezaba la operación para blindar y encubrir a un presunto delincuente.
Ya conocemos este patrón similar. Se vio recientemente para proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al que Ismael el Mayo Zambada, jefe del Cártel Pacífico/Sinaloa, vinculó con el narcotráfico, y se ha visto en otros casos relacionados a la delincuencia organizada, como las imputaciones al líder de Morena y próximo secretario de Educación, Mario Delgado, por su presunto involucramiento en el huachicol, o la corrupción en Segalmex, donde el Presidente exoneró a su amigo y primer director, Ignacio Ovalle. En el caso de Corral, se confirmó que la ley no existe sino para los que López Obrador considera sus enemigos y para quienes no tienen dinero para defenderse.
La fiscalía de Chihuahua declaró a Corral prófugo de la justicia, lo que sería un escándalo en una sociedad políticamente madura, pero que se ha quedado en lo de siempre, una polémica encendida en la élite. El proceso contra el exgobernador no va avanzar con López Obrador y, como van las cosas, tampoco en el de Sheinbaum. Si hoy tiene el régimen la fuerza para torcer la ley, con la reforma judicial que se avecina, jueces, ministros y magistrados serán empleados de la presidenta y responderán a sus designios, porque el Estado de derecho quedará subordinado al ánimo de quien despache en Palacio Nacional.
