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Los jueces y el personal administrativo de los juzgados del país, al declararse en paro, incurren en múltiples violaciones a la Constitución y leyes derivadas de ésta. De entrada, atentan contra los derechos humanos de quienes aguardan contar con “justicia pronta y expedita”.
Cuantos acudan a presentar demandas para poner a salvo sus derechos patrimoniales o sus vidas encontrarán cerradas las puertas de los juzgados. Los abogados que atienden procesos en curso no recibirán respuesta a sus promociones a favor de sus clientes. Los procesados que cumplan en estos días la sentencia de prisión, en prisión seguirán hasta que los paristas regresen, quién sabe cuándo, a sus deberes. Las investigaciones que realicen las fiscalías y desemboquen en consignación de presuntos responsables permanecerán archivadas porque los jueces no les darán cursos. Los delincuentes estarán felices porque se mantendrán impunes y ahora sin necesidad de pagar mordida.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son cómplices de esas violaciones porque las toleran de los jueces inferiores, inclusive las promueven y las alientan. Sus actitudes rebeldes constituyen una monstruosidad jurídica.
Los ministros figuran entre los mexicanos más ricos de la República. Sus sueldos, que han defendido con la furia con que un hambriento perro callejero pelea por un hueso grasiento, rebasan con mucho el sueldo del Presidente de la República.
Y no contentos con los millones de pesos que se embolsan cada año varios de ellos son sospechosos de aceptar cohechos de narcotraficantes que deberían estar en la cárcel.
Los ministros de la Corte y los jueces de los tribunales inferiores defecan sobre la palabra JUSTICIA. Nos avergüenzan.
carlosomoncada@gmail.com
