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Le falló el Estado y le falló la sociedad. Le fallaron las autoridades y sus familiares.
El caso de una niña de 14 años en Huimilpan, Querétaro, ha indignado a una parte de la sociedad mexicana por ser el retrato de la desigualdad que enfrentan las mujeres más pobres en el país. Una desigualdad que se ceba con las niñas, muchas de ellas víctimas de abuso sexual dentro de sus familias.
De acuerdo a la denuncia presentada en la Fiscalía, Esmeralda fue víctima de violación a manos de un familiar tres años mayor que ella. Ocho meses después, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, acudió al hospital y fue denunciada a las autoridades por el personal de Salud.
Hasta esta semana, la menor permanecía detenida en su casa, la Fiscalía la acusaba de homicidio doloso y pedía tres años de cárcel para ella con una compensación económica para su presunto violador por medio millón de pesos (casi 25.000 dólares).
El caso se hizo mediático y llegó hasta los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que encargó a Citlalli Hernández, la secretaria de las Mujeres, mediar con las autoridades locales para resolver el asunto antes de que llegara a los tribunales.
“El caso de Esmeralda refleja todas las violencias que atraviesan a las mujeres en México”, señala a este diario Hernández.
Los detalles que se iban conociendo ponían nuevamente a México frente al espejo de su machismo y su misoginia: el Estado se dejaba ir contra una menor, pobre, de una comunidad indígena, sin ningún acceso a la educación sexual y que fue retratada en un inicio como la única responsable.
Pese a haber denunciado, pese a tener 14 años y pese a ser violada.
Fragmento de texto publicado en El País.
