Defensores de derechos humanos de personas con discapacidad, entre los que participa la periodista Katia D’Artigues, solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del DF y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que capaciten a las actrices Galilea Montijo y Roxana Castellanos en materia de discriminación.
La observación en la que también se involucra a jueces y productores del programa de Televisa ¡Hazme reír! Y serás millonario se hace por considerar que los implicados vulneraron las garantías fundamentales de Sammy, una persona con discapacidad intelectual moderada que participa en diversos espacios de tv.
También promoverán que este programa dominical, producido por Santiago y Rubén Galindo, gane el Antipremio a la Discriminación convocado por la CDHDF y otorgado, a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, a las campañas publicitarias en el que se perciban prácticas discriminatorias.
El pasado domingo 17 de mayo, en la sección La broma VIP de este programa que se transmite por el Canal 2, las actrices Galilea Montijo y Roxana Castellanos hicieron creer a Sammy que estaba siendo considerado para un casting de una supuesta segunda versión del programa Vida TV que sería “más picoso”.
Una vez que le explicaron esto, Montijo y Castellanos se cambiaron de ropa y se pusieron unos baby dolls. Luego, comenzaron a desvestirlo hasta dejarlo en calzoncillos y una toalla envuelta y le pidieron que les untara crema a ambas.
En otra escena, un perico de peluche que hablaba comenzó a darle instrucciones a Sammy para que él, semidesnudo, bailara y se quitara la toalla.
En ese momento entró un tercer actor haciéndose pasar por personal de seguridad y reprendió a Sammy, explicándole que estaba violando las normas de la empresa al estar en paños menores. Fue entonces cuando le dijeron que se trataba de una broma.
Cuando a los jueces les tocó calificar la broma, Rafael Inclán la consideró como una falta de respeto a Sammy debido “a sus condiciones” y a que no era una persona “normal”.
A decir de los activistas, durante la broma y en la parte de los comentarios de los jueces, se “abusó” y se violaron los derechos humanos de Sammy.
Argumentaron la solicitud con base en el artículo primero de la Constitución que prohíbe todo acto de discriminación motivado, entre otros, por las condiciones de salud, así como en el Código Penal del DF que en su artículo 206 establece una pena de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y una multa de 50 a 200 días a todo aquél que discrimine.
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