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Cd. de México.- En México, las y los periodistas y medios de comunicación continúan siendo objeto de amenazas, de violencia e intimidación por su cobertura de la actuación del crimen organizado y el encubrimiento de actos de corrupción.
Si por otro lado, el aparato de Estado actúa de modo que las violaciones queden impunes, puede afirmarse que éste ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción, señala un comunicado de Cepet.
Lo anterior es sólo parte del diagnóstico elaborado por Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte del informe 2008 de ese organismo.
En el capítulo dedicado a nuestro país, se destaca la presión de la que son objeto comunicadoras y comunicadores, sobre todo de los estados de la República, lo que ha motivado autocensura, de modo que la información de temas vinculados al crimen organizado y casos policiales es excluida de la cobertura cotidiana por temor a las represalias, y el desplazamiento de periodistas, que incluso han tenido que abandonar el país.
La relatora especial hace eco y se suma a la preocupación expresada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “por el incremento generalizado de agresiones en perjuicio de periodistas, principalmente, en el caso de los homicidios y desapariciones, así como por la impunidad imperante para castigar tales ilícitos. […], lo que permite asegurar que en México el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo”.
Y si bien reconoce haber valorado positivamente en su informe de 2006 la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), hoy se manifiesta preocupada por las declaraciones de su titular, Octavio Orellana Wiarco, y la insuficiente respuesta estatal frente a los crímenes, precisamente por su alto número y complejidad.
Ante ello, la Relatoría Especial considera de suma importancia dotar a esa oficina de los recursos presupuestarios necesarios para la investigación de estos crímenes y de personal especializado.
El informe llama también la atención sobre las amenazas de cierre, la suspensión de licencias de radios comunitarias y los operativos coordinados por la Policía Federal Preventiva, al tiempo que recuerda que los estados deben facilitarles actuar en un marco de legalidad en tanto que estos medios “responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil”.
No queda fuera del análisis el uso de la publicidad oficial para favorecer a ciertos medios de comunicación sobre otros por su línea editorial, así como su asignación arbitraria “con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de la posición crítica que asumen frente a la gestión pública.
