|
Cd. de México.- Organizaciones no gubernamentales (ONG) que promueven los derechos de los niños y niñas exigieron a los gobiernos federal y locales garantizar la seguridad de los menores privados del entorno familiar, a través de la creación de un sistema nacional y regional de atención.
La directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Margarita Griesbach, precisó que son necesarias reformas que abarquen diversos ámbitos para la atención infantil, en particular en lo concerniente a su canalización a instituciones privadas.
Señaló en un comunicado que no existe un sistema para la atención de niños y niñas privados de su entorno familiar en las distintas entidades de la República ni en el ámbito nacional.
"En general, casi ningún estado busca determinar la situación jurídica de estos niños, dejando solamente expedientes administrativos. Inclusive el DIF del Distrito Federal reconoce no atender a esta población, dedicándose sólamente a infantes en situación de calle", destacó la titular de la ODI.
Demandó crear un sistema que comprenda responsabilidades y procedimientos, en particular en la selección de organizaciones privadas para su atención, cuidado y custodia, en lo que se define la situación jurídica y familiar de estos niños y niñas vulnerables.
Los gobiernos federal y capitalino tendrán que hacer público el proceso para la reforma de niños y niñas privados del entorno familiar, y que esta acción en ambos casos deberá provenir desde el gobierno central y abarcar los ámbitos ministerial, judicial y asistencial, dijo.
"Esta reforma deberá también incluir la participación de especialistas y de la sociedad civil", indicó.
También pidió que se dé a conocer el grupo interdisciplinario que trabajará en la situación individual de los niños y niñas rescatados en el cateo, mostrando sus integrantes y su metodología de trabajo.
Por su parte, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri, reflexionó acerca de los últimos acontecimientos como la epidemia de influenza humana y el periodo electoral que distraen la atención de casos como el de "Casitas del Sur".
En este sentido pidió a los medios dar seguimiento al tema y que en lo referente a la Iglesia Cristiana Restaurada la Secretaría de Gobernación nombre al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos a fin de que verifique el proceso de investigación a los albergues operados por esta congregación.
En su oportunidad, el abogado de la ODI, Marcos López, mencionó que la organización se encuentra satisfecha con la investigación realizada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Resaltó que la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fue deficiente y que se lograron avances mediante la intervención de la opinión pública.
En el marco de la investigación de la SIEDO, el defensor exhortó a las autoridades locales a producir expedientes o casos incluso cuando no existan averiguaciones previas o se encuentren archivadas, en especial en Quintana Roo.
