|
Cd. de México.- La Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México, presentada ayer por Felipe Calderón, es una acción de refuerzo desde el ámbito Federal a los cambios constitucionales que están haciendo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en varios estados de la República para limitar y criminalizar la interrupción legal del embarazo (ILE), poniendo en riesgo la vida de las mujeres.
Daniela Díaz, especialista en derechos sexuales y reproductivos del Centro de Análisis Fundar, agregó que aunque esta estrategia -- atención al parto y a la urgencia obstétrica de manera gratuita y universal para toda mexicana-- responde a peticiones y señalamientos realizados desde hace años por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), personal de salud, académicas y activistas, sólo tiene la perspectiva de la protección de la maternidad, pero no la de salud de las mujeres.
“No es casualidad que se haya escogido el 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, afirma Daniela Díaz. “Podían haber realizado su acto en otra fecha cualquiera, sin embargo darla ha conocer en estos momentos es una acción de refuerzo para los cambios en las constituciones locales”.
Las modificaciones a las constituciones de doce estados se han dado a partir de octubre de 2008 (Chihuahua la realizó con anterioridad) y consisten en otorgar personalidad jurídica al producto de la gestación, dejando de lado los derechos y decisiones de las mujeres en cuanto a su reproducción, en franca oposición al Artículo 4º de la Constitución federal, que señala el derecho de la ciudadanía para decidir el número y espaciamiento de hijas o hijos.
A la fecha, suman ya 13 las entidades en las que se han realizado tales modificaciones: Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato, Chihuahua y San Luis Potosí.
Se trata de reformas, señala la Coalición por la Salud de las Mujeres, en las que el planteamiento de los derechos de un embrión prevalece en un primer plano en comparación con derechos de las mujeres, lo cual significa que están obligadas, so pena, a continuar embarazos no deseados, incluso producto de la violación o el incesto, abriendo la brecha para el aborto clandestino.
Daniela Díaz, subraya: “todo el discurso del Gobierno Federal es el de la mujer como madre, y pasa por alto, ignora, el origen de la celebración del 28 de mayo”.
El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue instituido el 28 de mayo de 1987 en el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, con el fin de exigir a los Estados que garanticen la salud sexual y reproductiva como un derecho humano y de ciudadanía, que pueda ser accesible para todas las mujeres, a través de la aplicación de recursos, normas y leyes.
Aborto legal para no morir, consignaron desde entonces las mujeres y es este año el tema de la campaña impulsada a favor de la salud de la población femenina, en respuesta a la escalada conservadora que vive la región latinoamericana en contra de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.
Es por eso que el anuncio de ayer es, según la especialista de Fundar, una acción “totalmente política de apoyo a las acciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, que están llevando a cabo legisladoras y legisladores del ala conservadora.
Implica además apoyo para los Congresos locales en los que están pendientes estas reformas constitucionales: Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Zacatecas.
De esta forma, se refuerzan las acciones legislativas de la tendencia conservadora que en su discurso ubica a las mujeres como madres, dadoras de vida, dentro de una política que indica que hay que “proteger” a las mujeres en el momento que son gestoras de vida, es decir durante el embarazo, parto y puerperio, pero no se ve a las mujeres como individuos políticos con derechos y obligaciones.
Desatino e inconformidad
En suma, dice Daniela Díaz, “hay una decisión política de dar a conocer en ese sentido y no está bien y es desatinado”.
Por eso numerosas organizaciones iniciaron actos de protesta en contra de la línea gubernamental que pretende desconocer y penalizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.
El pasado 27 de mayo, diversas OSC integradas en la Coalición por la Salud de las Mujeres (CSM) realizaron una “Caravana de reclamo” ante las sedes de los partidos PRI, PAN y de la Revolución Democrática (PRD), por la avalancha de reformas legislativas iniciadas hace poco más de un año y que hoy se han realizado en 13 entidades, con el fin de limitar o abolir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos la ILE, bajo el argumento de proteger la vida desde el momento de la “concepción”.
La Coalición está integrada por 11 organizaciones especializadas en temas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, entre las que se encuentran: Católicas por el Derecho a Decidir, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam); Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México; Salud Integral para la mujer (Sipam).
Esfuerzos insuficientes
Por su parte, el Comité por una Maternidad sin Riesgos, que por más de 15 años ha impulsado acciones que contribuyan a disminuir las muertes maternas en México, señaló que con el acceso universal de las mujeres embarazadas a estos servicios podrían salvarse muchas vidas de mujeres, pero este primer paso implica grandes retos para los gobiernos federal y estatales, por la magnitud de las inequidades y desigualdades que privan entre las mujeres y entre las familias mexicanas.
El Comité está constituido por 32 integrantes; representado por 8 organismos gubernamentales, 8 de la sociedad civil, 6 agencias internacionales de cooperación y 6 Comités estatales. Mantiene alianzas con organismos abocados al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y a la defensa del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Esta inequidad se refleja en las cifras: 25 por ciento de las muertes maternas del 2007 ocurrieron entre las beneficiarias de Oportunidades y 20 por ciento en derechohabientes del Seguro Popular, es decir, los esfuerzos no han sido suficientes para evitar la mortalidad materna en los sectores que viven en condiciones de pobreza”.
Por ello, este primer paso anunciado ayer debe de ir acompañado de instrucciones claras y precisas, accesibles a todas las mujeres mexicanas, en castellano, en las 64 lenguas indígenas con un lenguaje sencillo y comprensible, que les facilite el hacer valer este derecho.
“Las barreras para que una mujer indígena acceda a un servicio de salud no sólo incluyen la distancia y la inaccesibilidad geográfica, sino otros obstáculos culturales, como los trámites burocráticos o su subordinación social”, señala.
Junto a esta iniciativa, las organizaciones consideran necesario que todas las mujeres y sus familias --particularmente aquellas que viven en comunidades rurales e indígenas-- cuenten con un Plan de Seguridad que les permita reconocer los síntomas y signos de una urgencia obstétrica, conocer dónde está ubicado el servicio de salud más cercano que les brinde atención a cualquier hora durante todo el año, con personal capacitado y medicamentos suficientes, que asegure una atención oportuna, con calidad y respeto, puntualiza.
