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CD. DE MÉXICO.- El 5 y el 6 de noviembre próximos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará audiencia a organizaciones de la sociedad civil (OSC) defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las cuales expondrán al organismo internacional las diversas problemáticas a las que debe enfrentarse más de la mitad de la población mexicana.
Entre tales problemáticas destacan las reformas constitucionales para criminalizar el aborto aprobadas desde finales del año pasado por los congresos de 15 entidades de la nación, los altos índices de feminicidio, la militarización en todo el país y la condición de las mujeres que enfrentan procesos de reclusión.
Así lo informó el secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT), Edgar Cortez Morales, quien en entrevista telefónica con Cimacnoticias señaló que estos problemas afectan de manera permanente a las mexicanas a pesar de que varios organismos, entre ellos la CIDH, han hecho recomendaciones al Estado para que los erradique.
Cortez Morales indicó que en las dos audiencias programadas por la CIDH participarán la Red Nacional a la que pertenece, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (CDHVD), Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas (Colem), Asistencia legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, las cuales solicitaron el encuentro. También acudirán representantes del Estado mexicano.
Ciudad Juárez
En las audiencias se abordará el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se denunciará que, a pesar de que tanto la CIDH como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han emitido recomendaciones, éstas no se llevan a la práctica, por lo que la violencia contra las mujeres no se detiene. En el último recuento de la CNDH se informa que hasta abril de este año había ya 504 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
También se profundizará en el feminicidio en otros estados del país y en las deficiencias que existen para registrar los casos. Así, se evidenciará “cómo la mayoría de las muertes violentas contra mujeres está en la impunidad”, enfatizó Cortez Mórales.
El especialista agregó que se hablará, asimismo, de la reciente ratificación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, pese al escrutinio internacional que lo considera “un funcionario negligente y omiso” debido a su actuación durante los dos años que estuvo al mando de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, periodo en que se incrementaron el feminicidio y la impunidad.
Militarización y mujeres en reclusión
De igual manera, se tocará la militarización en el país, la cual tiene efectos negativos en lo relativo a los derechos humanos de las mujeres debido a la falta de programas que prevengan la violación de los derechos humanos de ellas y de la población en general por parte del ejército, arguyó Cortez.
Además, el secretario técnico de la red “Todos los Derechos para Todas y Todos” precisó que también se hablará de las mujeres en procesos de reclusión: “hay mujeres que tienen sentencia por delitos que no cometieron, además de que el país no tiene instalaciones penitenciarias adecuadas para mujeres; no hay servicios médicos especializados ni lugares adecuados para que puedan vivir”.
Avalancha legilativa contra mujeres
Edgar Cortez añadió que el primer tema que se abordará será el proceso regresivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 15 estados del país.
A pesar de que la Constitución establece en su artículo 4, escrito en los años 70, que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”, desde octubre de 2008 los congresos locales de 15 estados han realizado reformas constitucionales para criminalizar el aborto y el uso de métodos anticonceptivos, como la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y el dispositivo intrauterino (DIU).
Los grandes actores en este retroceso han sido el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza coyuntural con integrantes de otros partidos, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los legisladores, además de criminalizar el aborto, pasaron por encima de los derechos y decisiones de las mexicanas; a estos 15 estados se suma Chihuahua, que aprobó una reforma semejante en 1994.
Las OSC expondrán ate la CIDH cómo quedó cada una de las reformas en estos estados y sus implicaciones para los derechos de las mexicanas, ya que las modificaciones constitucionales mencionadas hacen inaplicable la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, surgida a raíz del caso de Paulina, niña violada a quien el gobierno panista de Baja California le negó el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
“Esto es muy grave, por que dicha norma fue resultado de una recomendación de la CIDH; una medida que se construyó en el país como resultado de su intervención, y ahora, con estas reformas estatales, es inutilizable”, subrayó el activista.
En este contexto, cabe señalar que el 9 de junio de este año la CIDH aceptó la solicitud de 150 mujeres de Morelos para que analice la reforma constitucional de la entidad que protege la vida desde el momento de la fecundación.
Morelos fue el primer estado de la República que modificó su Constitución, mediante una iniciativa del PAN en noviembre de 2008, publicada al mes siguiente, para prohibir y criminalizar el aborto bajo cualquier causal.
EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS ACCIONES
Cortez Morales se mostró esperanzado en que con las audiencias se “pondrá al día a la CIDH” con respecto a estos temas, lo cual permitirá que los representantes del Estado mexicano que estarán en las reuniones establezcan compromisos.
“Buscaremos entablar un diálogo y establecer compromisos; queremos que la Comisión desarrolle acciones para monitorear lo que esta pasando en México, para que les dé seguimiento y haya cumplimiento puntual a sus recomendaciones”.
Según información de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), todas las audiencias públicas, las cuales se llevarán a cabo en la sede de la CIDH en Washington, del 28 de octubre al 13 de noviembre de este año, podrán ser escuchadas en la página www.cidh.org.
El público interesado podrá asistir a las audiencias públicas, pero en las privadas no habrá transmisión por Internet ni grabación de audio o video disponible; tampoco se permitirá el ingreso de público ni de prensa. La CIDH no hará públicas actas ni transcripciones de estas audiencias.
