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Las amenazas, desapariciones forzadas y el encarcelamiento injustificado en contra de las y los defensores de derechos humanos, han convertido a México en un país peligroso para ejercer esta labor, sobre todo por la impunidad y la falta de garantías del Estado para quien realiza esta tarea.
Así lo afirmó hoy Amnistía Internacional (AI), en su informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos” que documenta 16 casos de activistas amenazados.
El documento se une a las exigencias y preocupaciones que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Human Rights Watch, que sostienen que durante los últimos tres años han aumentado los ataques contra las y los defensores de derechos humanos que denuncian abusos de poder.
La voz de alerta para México de AI y otras organizaciones internacionales se intensificaron a partir del reciente asesinato de Josefina Reyes Salazar, quien denunció la desaparición de uno de sus hijos y el asesinato de otro, a manos de militares. Denuncias hechas conjuntamente con Cipriana Jurado Herrera, quien ahora se encuentra amenazada por continuar denunciando casos similares.
Hay que recordar que AI, urgió a la Secretaría de Gobernación (Segob) medidas de seguridad para Jurado Herrera pero a la fecha no ha habido respuesta.
Durante la conferencia la activista Obtilia Eugenio Manuel, activista guerrerense fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPMI), indicó que aunque ser defensora implica miedo y amenazas de muerte, su trabajo debe seguir porque en este país nunca se encuentra justicia.
Obtilia ha apoyado la denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002, cuyo caso está en espera de sentencia en la Corte interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Las constantes amenazas de muerte contra Obtilia la obligaron a dejar su lugar de origen, Ayutla de los Libres, Guerrero.
Todos los casos citados aparecen en el informe de IA como una forma de dejar al descubierto la situación de riesgo en la que se realiza este trabajo, explicó Alberto Herrera Aragón Director Ejecutivo de AI México.
Otro caso de intimidación y ataques, es el de la periodista defensora de derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro quien denunció una red de pornografía infantil protegida por políticos y empresarios mexicanos.
Por la denuncia, la periodista fue detenida y acusada de difamación y calumnias por el empresario Kamel Nacif, uno de los principales involucrados en el tema de pornografía infantil.
El informe también documenta el caso de Cristina Auerbach Benavides, integrante la Organización Católica Pastoral Laboral quien en 2009 fue víctima de acoso, a raíz de su campaña a favor de las familias de los 65 trabajadores que murieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos.
El documento informa sobre las numerosas amenazas de muerte, actos de acoso e intimidación para las integrantes de la organización Nuestras hijas de regreso a casa de Ciudad Juárez, que se dedica a denunciar el feminicidio en la entidad.
En su participación, Nancy Tapias Torrado, Investigadora sobre defensoras y defensores de derechos humanos de AI, indicó que las autoridades mexicanas no cumplen con su obligación de brindar las garantías necesarias para las personas que realizan esta labor y la mayoría de sus denuncias se quedan en la impunidad.
Los 16 casos emblemáticos de defensores que aparecen en el informe son una clara muestra de que el Estado no responde a la exigencia social para acabar con los encarcelamientos injustificados, las amenazas y la persecución, concluyó Tapias Torrado.
