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En lo que va del año han sido asesinados tres periodistas en hechos relacionados con el ejercicio de su labor, denunciaron organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La organización Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social aseguraron que los ataques contra los reporteros “no pueden verse de manera aislada del contexto de violencia e inseguridad en México”, por lo que demandaron a las autoridades federales frenar la impunidad en estos delitos.
Informaron que en enero de 2010 han sido ejecutadas 904 personas, lo que convierte al primer mes de este año “en el más violento en una década”.
Las organizaciones consideraron que en las circunstancias actuales en el país los riesgos que enfrentan los periodistas para el desempeño de su profesión se intensifican.
A lo anterior se suman las fallas del gobierno mexicano en las investigaciones de esos ilícitos, así como la constante impunidad frente a las agresiones, secuestros y asesinatos de comunicadores.
Las agrupaciones denunciaron que el 29 de enero un desconocido asesinó en Guerrero a Jorge Ochoa Martínez, director y editor del periódico El Sol de la Costa. Hasta ahora no se ha podido determinar la causa del crimen, indicaron.
A ese homicidio se suman en ese mes el de Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico El Zócalo de Saltillo, cuyos restos fueron encontrados el pasado 8 de enero en Saltillo, Coahuila.
Agregaron que también fue ultimado José Luis Romero, quien colaboraba en el noticiario radiofónico Línea Directa, cuyo cuerpo fue hallado el 16 de enero. Se estima que el homicidio fue perpetrado en los últimos días de diciembre pasado.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, disponer medidas cautelares en favor de dos periodistas de la entidad con el fin de preservar sus garantías ante el temor de ser víctimas de actos que carezcan de fundamentación y motivación jurídica.
En un comunicado, el organismo presidido por Raúl Plascencia informó que María del Refugio Martínez Guardado y Rodolfo Franco Ramírez, propietarios de la empresa Agencia Noticiosa del Centro, de una revista y de un periódico digital, presentaron una queja en la que señalan a servidores públicos del gobierno estatal como responsables de hechos “presuntamente violatorios” de sus garantías fundamentales, razón por la cual la CNDH solicitó las medidas de protección.
Recordó que el 29 de abril de 2008 dirigió a Reynoso Femat una recomendación en la que se acreditó violación a las libertades de expresión e información, así como a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y al honor en agravio de ambos reporteros. Por lo anterior, “llama la atención que actos similares a los señalados (en la recomendación) continúen presentándose en perjuicio de los agraviados”.
